Vista exterior de la sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos. EFE/VALERIE KUYPERS

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes el cierre de su oficina en Caracas debido a la falta de “progreso real” por parte de Venezuela en avanzar con la complementariedad, principio que exige que el país investigue seriamente los crímenes de los cuales se le acusa antes de que el CPI intervenga.

El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang explicó en la apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte que, pese a un compromiso sostenido con las autoridades venezolanas, avanzar sigue siendo un reto, por lo que se gestionarán mejor los recursos limitados al cerrar la oficina local.

Niang aclaró que, aunque la oficina en Caracas dejará de funcionar, la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela permanece activa y seguirá siendo dirigida desde La Haya por un equipo de fiscales. Desde que el CPI abrió la investigación en 2018, el Gobierno venezolano ha rechazado la intervención argumentando que debe respetarse la complementariedad, es decir, que la justicia nacional debe investigar primero.

La apertura de la oficina en 2024 había sido vista como una oportunidad para fortalecer la cooperación técnica entre el CPI y Venezuela. Sin embargo, la falta de avances y la negativa del país a colaborar plenamente han llevado ahora al cierre de esta representación, marcando un punto de inflexión en las relaciones entre la Corte y Caracas.

Esta investigación continúa autorizada desde 2023, cuando el CPI rechazó la posición del gobierno de Maduro sobre las pesquisas internas y decidió reanudar la pesquisa de los crímenes cometidos desde 2017, pese a la ausencia de progreso sobre el terreno.

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