La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles su retorno al país tras participar en las audiencias públicas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. Su viaje tuvo como objetivo central la defensa personal de los derechos soberanos sobre la Guayana Esequiba, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados actualmente en disputa con Guyana.
A través de un video difundido en sus canales oficiales, Rodríguez calificó de «extraordinaria» la jornada de defensa realizada en los Países Bajos entre el 4 y el 11 de mayo. «Felices de estar de regreso a Venezuela. Esta es la postura de una Venezuela unida», expresó la mandataria, quien estuvo acompañada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
La presidenta agradeció el respaldo de la Asamblea Nacional y destacó la coincidencia de la oposición parlamentaria en este asunto de Estado, subrayando que la reclamación territorial trasciende las diferencias políticas internas.
Cuestionamiento a la jurisdicción de la Corte
Durante su intervención presencial el pasado lunes, Rodríguez, abogada de profesión, fue tajante al calificar el caso como un «absurdo antijurídico». Argumentó que una sentencia del alto tribunal de Naciones Unidas no brindará una solución aceptable para las partes, sino que podría profundizar el atrincheramiento de posiciones y alejar la posibilidad de un arreglo práctico.
Asimismo, la mandataria reveló que Caracas consignó más de 3.000 folios de evidencia documental ante la CIJ, aunque denunció que el Reino Unido negó el acceso a pruebas históricas fundamentales para la causa venezolana.
Raíces y evolución del litigio
El diferendo sobre el Esequibo, región administrada por Georgetown pero reclamada por Caracas desde la época colonial, se intensificó en 2018 cuando Guyana demandó ante la CIJ la validez del Laudo Arbitral de 1899. Venezuela, por su parte, ratifica la nulidad de dicho laudo basándose en las irregularidades denunciadas en 1962 y apela al Acuerdo de Ginebra de 1966 como la única vía legítima de resolución.
Pese a que Venezuela inicialmente no reconoció la jurisdicción de la CIJ, el tribunal se declaró competente en 2020 y, en abril de 2023, rechazó las objeciones preliminares de Caracas, confirmando que entraría a examinar el fondo del caso, fase en la que se encuentra el proceso actualmente en este año 2026.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
