Como «acoso laboral» describen el trato que recibieron trabajadoras del departamento de Bienes Nacionales del Hospital Dr. Raúl Leoni, conocido también como «Guaiparo», por parte del director Hawi Ftouni Ahmad, luego que revelaran un aparente desvalijamiento de varios equipos del  hospital.

Lisbeth Santos Bolívar era la jefa del departamento de Bienes Nacionales en Guaiparo. Tenía más de 16 años como trabajadora del hospital hasta que la despidieron por tomar el sello de dirección y autorizar el traslado de un personal, según lo que dicta la solicitud de medida cautelar que hizo el director Ahmad.

Santos insiste en que su despido se debe a una arremetida en su contra por demostrar los hechos irregulares que estaban ocurriendo en el hospital.

La Jefa del Departamento de Bienes Nacionales se refiere al «desvalijamiento» de varios equipos como aires acondicionados o computadoras, según puede comprobarse en un inventario que realizaron las trabajadoras el pasado 11 de mayo en el almacén general.

Lisbeth Santos y Roxana Vásquez, ambas antiguas trabajadoras de Bienes Nacionales en Raúl Leoni, coinciden en que las autoridades del hospital no quisieron firmar el acta del hecho irregular, por lo tanto, no quedó registrado; sin embargo, enviaron desde su correo, el mismo 11, un documento a la coordinación regional de Bienes Nacionales notificando la situación.

En el comunicado, denuncian que a partir de esa fecha, el Director del hospital comenzó a aplicarles un «acoso laboral», hasta el punto de obligarlas a renunciar.

Un inventario que no coincide

El documento que las trabajadoras le hicieron llegar a Nueva Prensa Digital demuestra que el 29 de septiembre de 2020 se llevó a cabo un proceso de traslado de varios equipos, específicamente aires acondicionados, del edificio pediátrico Menca de Leoni hasta el almacén general.

En  abril de 2018 el entonces gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, ordenó el cierre del pediátrico Menca de Leoni, debido a los múltiples problemas infraestructurales que presentaba el edificio.

Pese a las promesas de recuperarlo y los millonarios presupuestos que aprobó el Ejecutivo para su reactivación, el regreso del Menca de Leoni nunca fue una realidad para los habitantes del estado Bolívar.

El Dr. Hawi prometió revertir esta situación durante su gestión, debido al estado de abandono del edificio. En septiembre de 2020, el personal de Bienes Nacionales dejó constar en un acta que el doctor Guillermo Valderrama solicitó el resguardo de las unidades de aires acondicionados que se encontraban en el pediátrico, hasta el almacén general.

De igual manera, ya existía constancia que en almacén general reposaban varios bienes del hospital Doctor Raúl Leoni, específicamente del edificio que, luego de cuatro años, sigue en abandono gubernamental.

Las trabajadoras afectadas relataron que la directiva del hospital nunca permitió que ingresaran al área de almacén general para realizar los respectivos inventarios, y siempre alegaban «excusas» para evitarlo.

Según lo que relata Lisbeth Santos, el día 11 de mayo del 2022, las empleadas del departamento de Bienes Nacionales ingresaron al almacén general para hacer un inventario y aseguran que faltaban varios equipos.

Además, reseñaron que, en su mayoría, solo estaban caparazones de los aires acondicionados y de computadoras.

El mismo 11 de mayo a través del correo [email protected] se envió a la coordinadora regional de Bienes Nacionales un documento que dejaba constar que desde 2017 en adelante estaban sacando equipos del almacén general sin previa consulta con Bienes Nacionales.

Nueva gestión, mismos problemas

El director del hospital, Hawi Ftouni Ahmad, declaró para Nueva Prensa Digital que ni él ni su gestión tiene nada que ver con actos que ocurrieron antes de diciembre de 2021, fecha en la que reemplazó a la doctora Luz Rodríguez en la dirección del centro médico.

Por otra parte, desmintió que actualmente en Guaiparo existan situacioens irregulares. De hecho, remarcó que la auditoría que visitó el hospital lo calificó como uno de los mejores del país.

«Desde que yo estoy, te puedo decir que uno de los almacenes generales más respetados y con mayor orden a nivel nacional es el de Raúl Leoni», manifestó.

Sin embargo, Las trabajadoras enviaron a Nueva Prensa Digital varias fotos de almacén general, en donde reposan muchos equipos en estado de abandono y completamente desvalijados.   

Hawi Ahmad se defendió, asegurando que esas fotos no demostraban ningún hecho irregular en el hospital que está bajo su dirección. «Yo puedo tener muchas fotos de aires acondicionados en pésimas condiciones apilados en cualquier lugar. Eso no demuestra nada».

Pese a que el doctor Hawi niega la existencia de algún hecho irregular en Guaiparo, en un acta constancia con fecha de 7 de marzo, donde resalta su nombre y el de otros directivos, se evidencia que se percataron de un hurto dentro de las instalaciones del hospital. También se trata de aires acondicionados.

En el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) reposa una denuncia con fecha de 7 de marzo de 2022 por hurto a cinco aires acondicionados que estaban en el servicio de Ingeniería y Mantenimiento desde febrero del presente año.

«(…) se pudieron percatar que a cinco aires acondicionados (…) le fueron sustraídas varias piezas para su funcionamiento, entre ellas capacitadores, regulador de corriente y aspa, valorado en la cantidad de dos mil seiscientos bolívares», se deja leer en la reseña de la denuncia.

La comisión caraqueña

En julio de 2022 una auditoría visitó las instalaciones del Raúl Leoni por petición del mismo director.

«Yo llamo auditoría. La directora nacional de hospitales me dijo que yo era el primer director de hospitales que pide que lo auditaran. Aquí había muchas irregularidades y yo quería que vinieran a ver. Tengo todo el expediente de auditoría y no encontraron irregularidades en mi gestión», expresó Hawi Ahmad.

Una auditoría es una revisión de la contabilidad de cualquier empresa con la finalidad de comprobar si las cuentas coinciden con el patrimonio, además de los resultados obtenidos por la empresa que, en este caso, es un hospital.

«Uno de los mejores hospitales que auditaron fue este. Yo pedí una auditoría integral y no se descubrió nada. Es por eso que nadie puede ir a decir que están pasando cosas irregulares. Yo tengo el expediente de auditoría», zanjó el director de Guaiparo.

Lisbeth Santos aprovechó la visita para entregarle al auditor, Rubén Guerrero, todas las pruebas que dictaminan las situaciones ilícitas que vive el hospital de Guaiparo, según narró al equipo de Nueva Prensa Digital. Se hizo el intento de contactar a Rubén Guerrero vía telefónica, pero no fue posible.

La abogada de Lisbeth Santos, Aiveh Vargas, manifestó que lo lógico sería que se abriera una investigación desde Caracas, debido a que «ellas enviaron desde el correo de la institución una recopilación de las pruebas sobre los hechos irregulares», comentó.

Despidos: «el pase de factura»

Las trabajadoras manifestaron que desde el momento en que descubrieron aquel problema con los inventarios, empezaron a sentir presión por parte de los directivos del hospital para renunciar.

La abogada de Lisbeth calificó el hecho como un «pase de factura» en contra de las trabajadoras. “Estas averiguaciones que se les está abriendo a las implicadas es un pase de factura por lo que descubrieron. O tú te vas tranquilamente y nadie se va enterar o te despedimos”, esgrimió.

Lisbeth Santos aseveró que la encerraron en una habitación y le pidieron que renunciara o si no le abrirían un proceso administrativo.

«Me encerraron en una habitación con el jefe de recursos humanos, Daniel Bellorín y la asesora legal. Me quitaron mi celular para que no pudiera grabar y me dijeron que renunciara para que saliera por la puerta grande, porque si no me abrirían un procedimiento administrativo».

Nueva Prensa Digital también se comunicó con Daniel Bellorín para recoger su versión de los hechos. Esto dijo sobre el acoso:

«Ella cometió unos hechos irregulares que eran causante de destitución. A ella nunca se le encerró en ningún cuarto para obligarla a renunciar. Según los estatutos, nosotros estábamos facultados para solicitar ese procedimiento y esa decisión la tomaron desde Caracas».

Acceso negado

La licenciada Lisbeth Santos denunció que, además, le prohibieron el acceso a las instalaciones del hospital.

Según lo que relata su abogada, Aiveh Vargas, el pasado 6 de julio el miliciano (las personas encargadas de la seguridad en Guaiparo) Richar Querales le prohibió el acceso a la licenciada Lisbeth, todo por órdenes del director Hawi Ahmad.

«A nadie se le puede negar el ingreso a una institución publica de salud. Eso lo sabemos todos. Un hospital no es de un director, es un servicio público. Tiene que estar abierta al público», zanjó la abogada.

Sobre esto, el Director del hospital aseguró que solo le prohibieron la entrada a las áreas administrativas, pero que jamás le negaron su derecho al centro médico como paciente.

Sin embargo, Lisbeth Santos reseñó que tuvo que acudir a otro centro médico para atender su salud. Su abogada envió una solicitud al director de Recursos Humanos y Administración de Personal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), para que instaran al doctor Hawi Ahmad a que permitiera el ingreso de Lisbeth Santos, ahora como paciente, pero fue negado de manera rotunda, tanto por el director de Guaiparo, como por el jefe de recursos humanos de ese hospital, Daniel Bellorín.

«Ella tenía acceso ilimitado a todas las áreas del hospital por cumplir con la jefatura de Bienes Nacionales en Guaiparo. Una vez que se inicia el procedimiento administrativo el ciudadano director emite un oficio a los encargados de seguridad para prohibir el acceso a la licenciada Lisbeth Santos, pero solo a las áreas administrativas», informó Daniel Bellorín, jefe de recurso humanos.

El proceso administrativo que inició el director de hospital, Hawi Ftouni Ahmad, culminó a principios de septiembre con la destitución de la antigua jefa de Bienes Nacionales, Lisbeth Santos. Su abogada, Aiveh Vargas, indicó que continuarán agotando las vías legales.

«Vamos a continuar. Los funcionarios públicos tienen la posibilidad dentro de los 90 días siguientes de interponer un recurso contencioso administrativo y lo vamos a intentar», comunicó Vargas.