El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos inició una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro. El epicentro de este nuevo proceso legal es la ciudad de Miami, localidad donde permanece recluido su presunto testaferro y estrecho colaborador, Alex Saab, según informes difundidos por el diario Miami Herald.
Los fiscales federales han centrado sus esfuerzos en Saab, quien fue deportado a territorio estadounidense para responder por cargos de lavado de dinero y conspiración financiera. Fuentes vinculadas al caso señalan que las agencias norteamericanas asumen que el empresario de origen colombiano posee un conocimiento minucioso y detallado sobre la estructura de movilización de capitales y ocultamiento de fondos del entorno de Maduro.
Dudas sobre la solidez del proceso en Nueva York
Este nuevo avance de las autoridades judiciales complementa los reportes previos emitidos por la cadena CBS News, que indicaban que los fiscales de Miami recibieron instrucciones directas para abrir un expediente alterno. Esta decisión se tomó en medio de preocupaciones internas dentro de la Casa Blanca y el DOJ, donde se consideraba de manera privada que los cargos vigentes contra el exmandatario por delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas —radicados tras su detención y traslado a Nueva York— adolecían de suficiente peso en el área de crímenes financieros y blanqueo de activos.
El equipo a cargo de la investigación internacional
La nueva línea de investigación formalizada se encuentra bajo la dirección del fiscal Michael Berger, un estratega especializado en la persecución de redes de delincuencia organizada internacional. En el equipo operativo participan de forma coordinada agentes especiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), el fisco estadounidense.
Historial y giros del caso judicial
Alex Saab fungió como ministro de Industrias y Producción Nacional en Venezuela. Las acusaciones que enfrenta en el Distrito Sur de Florida sostienen que instrumentalizó y explotó de forma corrupta un programa estatal de asistencia alimentaria destinado a los sectores más vulnerables del país suramericano. Cabe recordar que el empresario ya había estado bajo custodia estadounidense en el pasado, pero fue liberado como parte de un canje político y humanitario por prisioneros norteamericanos gestionado por la administración de Joe Biden, tras lo cual regresó a Caracas para reincorporarse a la función pública antes de su definitiva deportación.
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