
Un total de 409 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, de acuerdo con el más reciente informe estadístico presentado por la organización no gubernamental Foro Penal. El reporte detalla la existencia de 375 hombres y 34 mujeres bajo reclusión, un universo que se divide institucionalmente en 222 civiles y 187 efectivos pertenecientes a los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La organización defensora de derechos humanos precisó que, del total de personas contabilizadas en su registro, 159 ya cuentan con una sentencia condenatoria firme por parte de los tribunales competentes, mientras que los 250 ciudadanos restantes se mantienen tras las rejas bajo régimen de prisión preventiva sin haber sido condenados. Asimismo, el informe destaca que 39 de los detenidos actuales poseen estatus de ciudadanos extranjeros o cuentan con doble nacionalidad.
El alcance de las medidas de liberación recientes
La actualización del Foro Penal se produce inmediatamente después de confirmarse la excarcelación de al menos 39 presos políticos durante los últimos días. Estas medidas se ejecutan luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara una tanda de 300 liberaciones institucionales. Este proceso corre de forma paralela a la amnistía general aprobada el pasado mes de febrero, un mecanismo legal que, según las cifras oficiales presentadas por el Ejecutivo, ha beneficiado a más de 8.500 ciudadanos en todo el territorio nacional.
Promesas gubernamentales de ampliación de cupos
Por su parte, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ratificó de manera pública que en los bloques de horas subsiguientes se completaría un margen de 500 excarcelaciones en total, dando continuidad a los acuerdos de pacificación política. Con este nuevo despliegue de medidas sustitutivas, la ONG Foro Penal acumula un registro histórico de 19.096 detenciones con fines políticos documentadas en el país suramericano desde el año 2014.
Perfiles de los ciudadanos beneficiados por las medidas
Entre las identidades de las personas que abandonaron los centros de reclusión destacan tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, quienes pagaban una pena máxima de 30 años de prisión por los sucesos de abril de 2002. De igual forma, las boletas de excarcelación ampararon a una adolescente de 16 años y a la ciudadana Merys Torres de Sequea, madre de un capitán de la Guardia Nacional condenado por una incursión marítima fallida en 2020. Finalmente, se confirmó la liberación del exalcalde opositor Nervins Sarcos, quien permaneció bajo custodia durante 16 meses bajo señalamientos de presuntos vínculos con redes de narcotráfico.
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