Un insólito y grave caso de presunto abuso de poder, corrupción y violación a los derechos de propiedad privada ha encendido las alarmas en el Área Metropolitana de Caracas. José Breijo, un ciudadano de nacionalidad venezolano-uruguaya y de 73 años de edad, descubrió que el mismo funcionario policial que ejecutó su captura hace más de dos años invadió y tomó posesión ilegal de su propio apartamento.
El hallazgo se produjo en días recientes, luego de que los tribunales competentes otorgaran a Breijo una medida humanitaria de arresto domiciliario. Sin embargo, al ser trasladado a la que ha sido su residencia fija durante los últimos 22 años —un apartamento ubicado en la urbanización Bello Monte, en el municipio Baruta—, el septuagenario y sus allegados se encontraron con que la puerta principal estaba clausurada con candados ajenos y las cerraduras habían sido modificadas.
El origen de la detención
Los antecedentes del caso se remontan a octubre del año 2023. En esa fecha, Breijo fue arrestado de manera sorpresiva tras capturar la fotografía de una bandera en el interior de una oficina pública en Caracas. De acuerdo con las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, el ciudadano fue procesado bajo severos cargos de presunto «terrorismo» y delitos conexos, dictándosele como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Tocuyito, en el estado Carabobo.
Breijo permaneció tras las rejas en condiciones críticas por más de 24 meses. Al deteriorarse su estado de salud debido a su avanzada edad, la defensa logró que el tribunal de la causa sustituyera la privación judicial preventiva de libertad en el internado judicial por la reclusión en su propio domicilio.
El funcionario captor como invasor
La sorpresa para los abogados y familiares ocurrió al intentar ejecutar la orden judicial de ingreso al inmueble. Tras realizar las indagaciones pertinentes con los vecinos de las residencias en Bello Monte, se constató que la persona que habitaba el apartamento de forma ilegítima era un agente activo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), identificado de forma preliminar por los testigos como el mismo funcionario que comandó el procedimiento de captura de Breijo en 2023.
Aprovechando que el propietario se encontraba aislado e incomunicado en el penal de Tocuyito, el uniformado presuntamente violentó los accesos del inmueble y se mudó al sitio junto a sus pertenencias, en una flagrante apropiación ilegal de un bien privado valiéndose de su investidura de seguridad del Estado.
Exigen el desalojo inmediato
Ante la gravedad del hecho, la defensa técnica del ciudadano venezolano-uruguayo y activistas locales han denunciado el caso ante las instancias correspondientes del Ministerio Público para exigir una averiguación penal contra el funcionario del GOES por los delitos de invasión, abuso de funciones y hurto de bienes.
Familiares del anciano catalogaron la situación como una doble condena, señalando que el mismo sistema que lo privó de su libertad de manera desproporcionada ahora lo despoja de su techo, impidiéndole cumplir con la orden del tribunal en un espacio digno y seguro para su comprometida salud.
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