La Policía brasileña detuvo este miércoles a Caio Mário Seabra, uno de los directores de la Agencia Nacional de Minería (ANM), y a por lo menos otras 14 personas, en el marco de una operación anticorrupción en el estado de Minas Gerais, informaron fuentes oficiales.
Abogado de profesión, Seabra empezó su mandato a finales de 2023 y tenía previsto concluir el mismo en 2026 en la cúpula de la ANM, órgano vinculado al Ministerio de Minas y Energía que se encarga de regular y fiscalizar la actividad minera en el país sudamericano.
Fue arrestado en el transcurso de la Operación ‘Rejeito’ (Desechos) de la Policía Federal, que desarticuló una millonaria trama de sobornos para la obtención irregular de licencias medioambientales para explotar mineral de hierro a gran escala, señaló la estatal Agencia Brasil.
Según la prensa brasileña, Seabra favoreció a una de las empresas mineras investigadas a cambio de coimas.
La investigación apuntó que el directivo «participó en la manipulación de decisiones administrativas y jurídicas en beneficio de intereses privados», según los autos policiales, citados por el diario ‘O Estado de S. Paulo’.
El operativo, en el que colaboraron la Contraloría, el Ministerio Público y el Fisco, resultó en la prisión preventiva de 15 de los 22 sospechosos identificados y en registros en 79 direcciones.
Entre los objetivos de la acción figuran también empresarios del ramo minero, el exdirector de la Policía Administrativa de la Policía Federal Rodrigo de Melo Teixeira y empleados del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan), según la prensa brasileña.
De acuerdo con la Policía, la organización obtuvo ganancias por valor de unos 1.500 millones de reales (280 millones de dólares / 240 millones de euros al cambio de hoy) y ya había puesto en marcha otros proyectos con un potencial económico «superior a 18.000 millones de reales».
La red pagaba sobornos a empleados de los órganos de fiscalización medioambiental y de la minería a fin de «obtener autorizaciones y licencias ambientales fraudulentas» a través de las cuales «explotaban de manera irregular mineral de hierro a gran escala».
Según las autoridades brasileñas, el grupo operó en áreas protegidas y en zonas próximas a puntos de preservación, «con graves consecuencias ambientales y un elevado riesgo de desastres sociales y humanos», y blanqueaba el dinero obtenido ilegalmente.
La Agencia Nacional de Minería aseguró, en una nota enviada a EFE, que solo supo de la operación por la prensa y que, por el momento, no le han comunicado «eventuales medidas contra funcionarios o dirigentes».
«La ANM reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la colaboración con las autoridades, siempre que sea requerida formalmente, respetando el debido proceso legal y la continuidad de los servicios regulatorios», señaló.
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