Ciudad Guayana.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro hizo públicas una serie de medidas que buscan, según su exposición, ayudar a mantener a flote la economía nacional en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus, las acciones sin embargo son consideradas contraproducentes por muchos sectores y por los expertos en el campo de la economía quienes coinciden en que le cuestan más a los ciudadanos que al gobierno y que pueden agravar sensiblemente la aguda crisis económica que atraviesa el país.
Las santas medidas económicas
La primera medida fue decretar la inamovilidad laboral de los trabajadores hasta el 31 de diciembre de este año. Para “ayudar” al sector privado ha indicado Maduro que el gobierno asumirá mediante el sistema Patria las nóminas de las pequeñas y medianas empresas por los venideros seis meses. Ofreció además un bono por la pandemia sin precisar montos ni el mecanismo para otorgarlo.
La segunda medida de impacto es la eliminación inmediata y por seis meses del pago de alquileres de comercio y viviendas, asomando un vago compromiso del gobierno “de compensar a las personas que viven de alquiler».
La tercera acción es un plan de atención agroalimentaria para garantizar hasta 7 millones de cajas CLAP y la movilidad de carteras en los sectores de alimentos, higiene y fármacos. A nivel bancario se decretó la suspensión por seis meses el pago de capital e intereses de créditos y la suspensión moratoria de pagos.
Dispone de dinero que no es suyo
El profesor y economista Oscar Romero Amaré, a quien se le consultó sobre el tema de las medidas, sostiene que básicamente los anuncios de Maduro se parecen a ese juego criollo donde uno reparte lo que otros tienen, pues el dispone de los ingresos, capital y recursos de la gente, sin comprometer claramente los propios, y sin poner su cuota de sacrificio frente a una crisis de la magnitud de la actual.
“Si hay un verdadero compromiso oficial que busca ayudar al país –dijo Romero Amaré-; lo normal es que de entrada se exonere el Impuesto sobre la renta o el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por seis meses, para no cargar ya más a un sector privado que está sufriendo enormes pérdidas por el cierre de sus santamarías debido a la cuarentena y que tienen meses sufriendo el impacto de la mayor hiperinflación del continente.”
Recalca que sin embargo las disposiciones oficiales van es sobre el venezolano de a pie, porque ese es el que tiene las pocas empresas que siguen abiertas en el país, y ahora debe cargar con una medida de inamovilidad laboral hasta el fin de año sin estar siquiera produciendo ahora.
En cuanto al ofrecimiento de cancelar las nóminas de las pequeñas y medianas empresas, destaca que no se especifica el mecanismo, sino se dice que se hará a través del sistema Patria, que ya en una oportunidad dejó a muchos trabajadores sin cobrar ni un centavo.
Respeto a un bono por el coronavirus, este economista se pregunta de dónde lo sacará el gobierno, y además de cuanto puede ser, elucubrando que puede ser un salario mínimo que de milagro alcanza para comprar un kilo de queso y que no le servirá a la gente de mucho.
Cree además que el ofrecimiento de 7 millones de cajas CLAP no es más que pura demagogia, pues cuando tenían mucho dinero, se podía importar libremente y todavía otras naciones confiaban en los pagos del gobierno, ni se acercó a esa cifra, considerando que es imposible alcanzarla hoy día, después de que se desnudó el caso de megacorrupción con los CLAP en México.
Intereses y alquileres
Oscar Romero Amaré puso en el mismo renglón las otras medidas, tanto la exoneración de alquileres por seis meses, como la suspensión de intereses bancarios. Diciendo que la primera medida significa que deja sin fuente de ingreso a una gran cantidad de personas en el país que viven de los locales o viviendas que alquilan, a quienes se les promete que el Gobierno “los compensará”, lo que desde su punto de vista es anotar una deuda en una panela de hielo, pues ya anteriormente ha dejado de cumplir con las obligaciones contraídas hacia terceros. Quedando este sector inmobiliario en suspenso y terror, pues significa una amenaza de muerte.
En cuanto al tema bancario, el economista hizo la salvedad que la cantidad de préstamos que hace la banca nacional es ínfima debido a la aplicación gubernamental de un desmesurado encaje legal que acabó con la capacidad crediticia de las instituciones.
Pero que además la acción deja sin recursos a los bancos que han venido sufriendo varios años de ataque y destrucción de su ramo de negocios, siendo finalmente las víctimas de todo los ahorristas y usuarios del sistema bancario que pueden quedarse sin más servicios y posibilidades de mover recursos en un país donde ha desaparecido el efectivo, no sirven los cheques ni valen de nada las tarjetas de crédito.
Medida contra los bancos perjudica a los ahorristas
El también economista José Ricardo Salazar, al ser abordado sobre el tema de las medidas, quiso comenzar hablando de la eliminación de intereses al sector bancario, pues insiste en que el mismo solo es un intermediador financiero que sólo es propietario del alrededor de un 10 % del capital del banco, pues el resto del mismo lo ponen los ahorristas.
Comenta que ya en el país hay poco crédito, lo que no significa que no se otorgarán algunos préstamos, que ahora simple y sencillamente no redituarán nada a la institución que tiene tiempo viendo reducido ampliamente su marco de acción por medidas anteriores que afectan sus ingresos como la fijación de un enorme encaje legal que dificulta mucho otorgar créditos.
Por ello considera que esta medida que tilda de irregular, puede matar a los bancos nacionales perjudicando al final a los ahorristas, que si bien ya no pueden acceder al dinero en efectivo, al menos tenían la suerte de ilusión de contar con unos bolívares virtuales que desaparecerían si colapsa la plataforma bancaria.
En lo referente a la suspensión del pago de alquileres, Salazar sostiene que es una medida de poco impacto, pues debido a las pésimas leyes regulatorias y el descontrol oficial, muchos de ellos vienen dándose al margen del sistema legal, en una suerte de economía negra inmobiliaria, donde los arreglos no se registran para evitar trabas y dificultades infinitas, lo que significa que muchos seguirán sosteniendo sus arreglos sin mayor problema.
Mientras que la medida en el caso de los pequeños y medianos arrendadores puede ser completamente desastrosa, pues de los alquileres viven muchas familias quienes de la noche a la mañana se quedan sin ingresos y con una promesa vaga de compensación de un gobierno que se ha hecho famoso por no sostener su palabra.
Impuesto antes del 30 de marzo
Dentro de lo que José Ricardo Salazar considera una puesta en escena, lo más gracioso es que mientras se toman estas “medidas” se sube descomunalmente la unidad tributaria que significa un aumento en los precios de todo lo que compramos, y se mantiene la campaña en los medios del estado -que son la mayoría-, para que el 30 de marzo todo el mundo tenga cancelado su impuesto sobre la renta, con las amenazas veladas y más directas de sanciones para quienes no declaren a tiempo.
Por eso sostiene que estas medidas no van a la raíz del problema, que es grave si se toma en cuenta lo devastada de la economía nacional, simplemente se carga todo el sector privado, que al final se traduce en un solo nombre, el ciudadano, o sea ustedes y nosotros.
Gustavo Montaña
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