Bogotá.- El departamento colombiano del Cauca, donde esta semana fueron asesinadas nueve personas en dos matanzas, es un campo minado para los defensores de derechos humanos, diez de los cuales perdieron la vida en esa región en el primer semestre del año, según un informe divulgado este sábado.
El Cauca, situado en el suroeste, entre la costa del Pacífico y la cordillera de los Andes, es quizás el departamento donde más se ha recrudecido el conflicto armado tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, que este mes cumplirá tres años, y los defensores de derechos humanos han quedado en medio de las balas de los diferentes grupos que operan en la zona y que se disputan tierras para el narcotráfico.
Esa realidad la constató el «Informe Semestral Enero-Junio 2019» del Programa Somos Defensores, según el cual 59 personas -10 de ellas en el Cauca- fueron asesinadas en el país en los primeros seis meses de este año por su defensa de los derechos humanos y por «las resistencias que adelantaban por sus comunidades y territorios».
«En lo relacionado con los territorios donde ocurrieron los asesinatos (…) los que mayor número de casos reportan son Cauca (10), Antioquia (7), Arauca, Nariño, Norte de Santander y Valle Del Cauca (5 cada uno)», señala el informe de esta ONG que busca prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgos por su liderazgo social.
DEFENSORES EN PELIGRO
El Programa Somos Defensores comenzó a contabilizar en enero de 2009 los ataques de todo tipo que sufren quienes luchan por los derechos humanos en el país y desde entonces «ha registrado un total de 746 asesinatos» de ellos en Colombia.
De los 59 asesinados entre enero y junio pasado, 21 eran líderes comunitarios (que hacen un trabajo social por su cuenta en su comunidad), 18 comunales (de las Juntas de Acción Comunal), ocho campesinos, seis indígenas y tres afrocolombianos, mientras que los tres restantes eran del movimiento sindical, de la comunidad LGTBI y de las víctimas del conflicto armado.
Como suele suceder, en la mayoría de los casos, 49 en total, se desconoce el responsable de estos asesinatos, en tanto que a los paramilitares y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se les responsabiliza de cuatro a cada uno, seguidos de las disidencias de las FARC, con dos.
Uno de los crímenes contabilizados en el documento es el de la líder comunitaria María del Pilar Hurtado, que conmovió al país el pasado 21 de junio.
Ese día, presuntos paramilitares asesinaron a Hurtado, de 34 años y madre de cuatro hijos, delante de uno de ellos en una calle del barrio 9 de agosto en Tierralta, localidad del departamento caribeño de Córdoba.
Paradójicamente, Hurtado había llegado a Tierralta en 2018 procedente de Puerto Tejada, localidad del Cauca donde nació, y por su liderazgo entre las familias que habían invadido unas tierras recibió amenazas de muerte de supuestos paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y días después tiroteada por sicarios.
AGRESIONES EN AUMENTO
La volatilidad social y política del Cauca se manifiesta también en el numero de agresiones, que pone a ese departamento como el peor para los defensores de derechos humanos.
Durante el primer semestre de este año el Programa Somos Defensores registró un total de 591 agresiones, cifra que le permite concluir que «es el período con más agresiones registradas» desde su creación hace diez años.
El documento detalla que en lo referente a las agresiones se encuentra que los departamentos que registraron mayor número son Cauca (115), Arauca (48), Antioquia (40), Córdoba (34), La Guajira y Valle del Cauca (32 cada uno), Risaralda (25), Santander (23), Bolívar (20) y Chocó (19).
«El departamento del Cauca es el territorio con mayor aumento en las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, pues pasó de registrar 73 casos en el primer semestre de 2018 a 115 casos en el mismo período del 2019. Significa que continúa siendo el departamento más peligroso para el liderazgo social», añade.
Al examinar las agresiones por municipios, el informe señala que a la cabeza en el país está Santander de Quilichao, la segunda ciudad del Cauca, con 32 casos, y le siguen Riohacha, capital de La Guajira (24), Arauca (19) y Saravena (18), ambas en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, donde tiene fuerte presencia el ELN y, en menor medida, los disidentes de las FARC.
«Esto significa que durante el primer semestre del 2019 los departamentos del Cauca y Arauca fueron los territorios con mayor riesgo para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos», concluye la investigación de Somos Defensores.
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