La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presentó este lunes el informe ‘Caminando nuestra justicia’, en el que documenta un total de 2.484 agresiones contra activistas, organizaciones y comunidades durante el año 2025.
El estudio destaca que el epicentro de la violencia es el departamento de Colón, al este del país, donde se registraron 1.122 incidentes (el 45 % del total). Esta región es escenario de constantes conflictos por la tenencia de tierras, caracterizados por incursiones armadas y desalojos forzosos contra cooperativas campesinas y comunidades garífunas.
Un Estado que agrede
De acuerdo con el informe, la crisis política derivada de un proceso electoral cuestionado ha exacerbado la hostilidad hacia las activistas. Un dato alarmante es que el Estado figura como el principal agresor: el 45 % de los ataques fueron perpetrados por policías, militares y autoridades gubernamentales.
El desglose de las agresiones revela la magnitud del asedio:
1.906 agresiones colectivas (ataques a comunidades enteras).
348 ataques personales contra defensoras específicas.
230 contra organizaciones, buscando dañar su labor o identidad.
Además, el 68 % de estas acciones ocurrieron mientras las mujeres defendían la tierra y el territorio, mientras que un 13 % se dieron en el marco de la búsqueda de verdad y justicia.
«Una emergencia nacional»
Miriam Miranda, directora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), calificó la situación como una «emergencia» que va más allá de las cifras. «Cada día aparecen mujeres asesinadas; la violencia se ha normalizado en el país y eso es lo más grave», señaló Miranda a la agencia EFE.
La líder social subrayó que las mujeres enfrentan una violencia estructural de doble vía: por un lado, la represión política y estatal, y por otro, la violencia doméstica e institucional. Miranda abogó por una estrategia nacional que permita a las mujeres opinar y participar en la vida pública sin temor a represalias.
Otros departamentos con altos índices de violencia contra defensoras son Atlántida (325), Francisco Morazán (261) y Yoro (151), lo que evidencia que la crisis de derechos humanos tiene un alcance nacional. El informe concluye que, pese al entorno hostil, las comunidades continúan articulándose para resistir lo que consideran una política de intervención y corrupción institucionalizada.
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