El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó este martes que análisis de inteligencia desarrollados por su país vinculan las protestas del estallido social de 2019 con agrupaciones de izquierda, sosteniendo que la mayoría de los manifestantes respondían a esa orientación ideológica.
«La inteligencia recopilada por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestra claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas (…). Lo que nuestra inteligencia dice categóricamente es que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda», aseveró el diplomático durante una entrevista concedida a CNN Chile.
Judd confirmó la existencia de un reporte de inteligencia específico sobre las manifestaciones que sacudieron al país sudamericano a fines de 2019, proceso que dejó una treintena de fallecidos, miles de heridos y graves denuncias por violaciones a los derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad.
Respecto a la eventual entrega de estos antecedentes a los tribunales chilenos, el embajador aclaró que ambos países mantienen acuerdos de cooperación, aunque precisó que hasta la fecha el Gobierno chileno no ha formulado una solicitud formal al respecto.
Coincidencias en el discurso diplomático de Washington
Las expresiones del embajador se alinean con las declaraciones emitidas la semana pasada por la subsecretaria de Diplomacia de Estados Unidos, María Teresa Rogers, durante su intervención en el V Foro Madrid celebrado en Santiago. En esa instancia, la funcionaria sostuvo que grupos de extrema izquierda provocaron incendios en el Metro y destrozos en comercios para presionar por un cambio constitucional.
Averiguaciones judiciales sin responsables identificados
A pesar de los señalamientos de los diplomáticos estadounidenses, la Justicia chilena aún no ha determinado la responsabilidad de los ataques incendiarios que afectaron a diversas estaciones de la red de Metro en octubre de 2019.
Asimismo, una Comisión Investigadora del Congreso de Chile concluyó sus funciones sin lograr identificar a instigadores ni comprobar esquemas de financiamiento externo o de organizaciones específicas en los hechos investigados.
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