Trabajadores del sector público en Ciudad Guayana, se unieron a la marcha convocada en los diferentes estados del país para rechazar el llamado instructivo Onapre, el cual fue denominado como «inexistente» por el Tribunal Supremo de Justicia.
La protesta partió desde el Paseo Rotario y llegó hasta la sede del Ministerio Público, ubicada en el Centro de Puerto Ordaz, para entregar de un documento donde exigen la derogación del denominado «Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas».
«Estamos atendiendo un llamado de la coordinadora nacional de los jubilados y pensionados de Venezuela, quien dio las instrucciones para que hoy se entregue este documento. Tenemos que exigir nuestros derechos y hay que activar la calle», manifestó el trabajador de CVG Ferrominera, Yanrichar Rosas.
Este rechazo nacional en contra de la Oficina Nacional de Presupuesto, se produjo tras la declaración de inadmisibilidad del Tribunal Supremo de Justicia contra el recurso de nulidad del instructivo que introdujo un grupo de universidades, pues el órgano judicial lo considera inexistente.
Sin embargo, los trabajadores comenzaron a percibir desmejoras salariales desde las modificaciones de las maquetas por órdenes de la Oficina Nacional de Presupuesto.
«En el documento solicitamos que el TSJ derogue el instructivo Onapre, porque es un elemento perverso que se une con lo que establece el memorándum monstruo 2792 que conculcó las conquistas de este pueblo logradas con sangre sudor y lágrimas», manifestó el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (Fetrabolívar), Fidel Brito.
Este escrito fue depositado en las oficinas del Ministerio Público de los distintos estados del país. «Hay una instrucción de entregar el documento en todos los estados de Venezuela», informó Yanrichar Rosas.
2792: “el inicio del fin”
El escrito también solicita la eliminación del memorándum 29792, el cual tiene una demanda por un grupo de sindicalistas guayaneses ante el Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que es el culpable inicial de la pérdida de los derechos laborales de los trabajadores.
«El memorándum 2792 es el apéndice de lo que se conoció como el instructivo Onapre», insistió Rosas.
El presidente de Fetrabolívar, Fidel Brito, explicó que, aunque no confían en los organismos que se encargan de impartir justicia en el país, seguirán acudiendo a todas las instancias hasta agotar las vías y manteniendo la protesta de calle.
!Vinimos a pedir justicia ante el Ministerio Público, pero sabemos que en este país difícilmente podamos tener respuestas positivas. Aquí operará nuevamente el silencio administrativo, pero estaremos en la calle hasta restituir el orden constitucional», zanjó Fidel Brito.
El oficio también exige la aplicación del artículo 91 de la Constitución venezolana, que establece que el salario mínimo le debe permitir a los trabajadores cubrir las necesidades básicas.
Sin embargo, la canasta alimentaria en Venezuela cuesta 392 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) y el salario mínimo dictado por el Ejecutivo en marzo pasado apenas pasa los 16 dólares al cambio, según el Banco Central de Venezuela (al momento de esta publicación).
«El estado venezolano debe concatenar el salario mínimo a la canasta básica tal y como lo establece la Constitución», arguyó el presidente de Fetrabolívar.
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