La familia de Cristina Siekavizza, víctima de uno de los casos de presunto femicidio más emblemáticos y dolorosos en la historia reciente de Guatemala, hizo un llamado urgente este lunes a la ciudadanía para perder el temor y aportar información anónima que permita, finalmente, localizar sus restos.
«Después de 15 años, nuestra familia pide una sola cosa: que se busque a nuestra querida Cristina (…) para devolvérnosla con dignidad y poder darle cristiana sepultura», manifestó conmovida su madre, Angelis de Siekavizza, durante una conferencia de prensa en la que comparecieron los padres y los hijos de la víctima. El objetivo principal de los deudos es lograr el cierre de un ciclo de duelo que permanece suspendido desde la noche del 6 de julio de 2011, fecha en la que Cristina fue vista por última vez en su residencia familiar.
Giro en la investigación y complicidad de alto nivel
Aunque en los primeros meses la desaparición fue abordada por las autoridades bajo la hipótesis de un secuestro, las evidencias recabadas por la Fiscalía Especial modificaron el rumbo de las pesquisas hacia su esposo, Roberto Barreda. Tras el hecho, Barreda sustrajo a los dos hijos de la pareja y huyó hacia territorio mexicano, donde fue localizado y capturado por las fuerzas de seguridad en el año 2013.
El entramado judicial del caso salpicó las altas esferas del poder público en Guatemala. Las investigaciones señalaron que Roberto Barreda operó bajo la presunta complicidad de su madre, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, quien fue vinculada formalmente al proceso penal bajo los cargos de encubrimiento agravado e influencias judiciales indebidas.
Justicia truncada e impunidad estructural
En el año 2019, la judicatura ordenó abrir juicio oral y público contra Barreda por los delitos de femicidio y obstrucción a la justicia. Sin embargo, la posibilidad de dictar una sentencia condenatoria quedó truncada de manera definitiva en 2020, cuando el acusado falleció en prisión debido a complicaciones médicas derivadas de la covid-19, provocando la extinción de la acción penal en su contra.
Ante este panorama, Juan Luis Siekavizza, padre de Cristina, denunció públicamente la existencia de sistemáticas maniobras destinadas a entorpecer el avance del expediente, criticando además la reciente reducción de recursos materiales y humanos asignados a la fiscalía especial encargada del caso.
A este reclamo se sumó Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes —organización no gubernamental que brinda representación legal y acompañamiento psicológico a la familia—, quien urgió a las instituciones del Estado a combatir de frente la impunidad estructural. “Llevamos 15 años esperando poderla encontrar (…) pedimos información clara para poder hallarla, y que sus hijos y familiares puedan tener la paz de darle una sepultura digna”, concluyó Hernández.
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