Un juzgado laboral de la capital de la República sancionó con una medida de arresto inconmutable de cinco días al ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, tras determinarse que incurrió en el desacato de un fallo de tutela (recurso de amparo) que le exigía suministrar información oficial sobre los procedimientos de su cartera frente a las graves denuncias de acoso laboral y sexual registradas en el sistema de medios públicos RTVC.
El requerimiento de control político e institucional tiene su origen en un derecho de petición radicado el pasado 24 de marzo por la representante a la Cámara, Katherine Miranda Peña. Posteriormente, un fallo de tutela proferido el 20 de mayo amparó dicha solicitud constitucional y otorgó a Sanguino un término perentorio de 48 horas para evacuar un cuestionario de 12 preguntas específicas que indagaban sobre las actuaciones ministeriales frente a la violencia basada en género y el acoso en la entidad estatal.
La sanción y la orden de captura
Ante la renuencia y el silencio administrativo del ministro, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá resolvió aplicar la medida correccional, la cual estipula cinco días de detención que el funcionario deberá cumplir en un centro de reclusión de la Policía Nacional. Adicionalmente, el despacho judicial le impuso una multa económica equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (aproximadamente 1.500 dólares).
La providencia, firmada por el juez Víctor Hugo González, fue formalmente notificada y remitida a la Policía Nacional con la instrucción expresa de «que proceda a la captura» del ministro sancionado para garantizar la ejecución material del arresto establecido.
El trasfondo de las denuncias en RTVC
Durante el mes de abril, el Ministerio de Trabajo intervino tras recibir múltiples reportes de presunto acoso sexual y laboral dentro de RTVC, los cuales señalan directamente al actual gerente del medio de comunicación masivo, Hollman Morris. Los señalamientos contra el directivo cuentan con precedentes históricos; hace ocho años, fue denunciado públicamente por Lina Castillo, quien en ese entonces militaba en el partido Colombia Humana del presidente Gustavo Petro.
Aquella acusación inicial motivó a Morris a interponer una demanda por injuria y calumnia en contra de Castillo, acción legal que fue catalogada por más de 40 mujeres periodistas, mediante una carta pública, como un claro patrón de revictimización en el ejercicio periodístico.
A este historial se sumó la declaración efectuada en 2024 por Silvana Orlandelli, entonces directora de Señal Colombia (canal adscrito a RTVC), quien denunció haber sido víctima de acoso por parte de Morris cuando este se desempeñaba como subgerente de la corporación.
El impacto del caso RTVC, en combinación con denuncias similares ventiladas en los canales privados Caracol Televisión y RCN, obligó al Ministerio de Trabajo a desplegar una estrategia fiscalizadora denominada «Inspección para el cambio». No obstante, según consta en los registros de la primera semana de abril, los inspectores estatales únicamente identificaron formalmente «riesgos ergonómicos y laborales» vinculados al uso de computadores y mobiliario de oficina, elementos que se limitaron a evaluar «para emitir recomendaciones de mejora», omitiendo los hallazgos de índole penal o de acoso sexual que motivaron originalmente la fiscalización.
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