Familiares de presos políticos en Venezuela afirmaron este martes que trabajarán para «revertir» la exclusión de la Ley de Amnistía aprobada recientemente por el Parlamento, que beneficia a detenidos por estos motivos desde 1999 hasta 2026, pero especifica 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.
«Con sus propios argumentos jurídicos vamos nosotros a revertir esa exclusión», señaló el abogado Omar García Marín, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, durante una vigilia a las afueras de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda (norte).
García Marín, detenido arbitrariamente en 2021 y luego excarcelado, indicó que, aunque la ley es excluyente e insuficiente, representa una «rendija» para exigir la liberación de todos los presos políticos. «Esta ley significa una victoria para cada uno de ustedes, porque durante más de 20 años nos han dicho que nuestros familiares eran delincuentes y con esta ley se reconoce que el Estado falló en la detención», agregó.
Exclusiones y rendija legal
A su juicio, la norma es excluyente porque, pese a abarcar los gobiernos del chavismo, el artículo 8 establece «hechos» específicos de 13 años. No obstante, la presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió el jueves que la comisión especial revise casos no contemplados.
Presiones y críticas
El coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), Orlando Moreno, pidió a la comunidad internacional presionar al Gobierno de Rodríguez para liberaciones «totales». La activista Sairam Rivas calificó el proceso como «mayor revictimización» por su opacidad y falta de cifras oficiales.
Cifras oficiales vs. verificadas
El diputado chavista Jorge Arreaza informó que 179 personas han salido de cárceles tras la ley. En rueda de prensa, detalló 3.231 libertades plenas: 3.052 con medidas cautelares previas (arresto domiciliario, presentaciones periódicas o prohibición de salida) y 179 encarcelados.
Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, verificó 109 liberaciones de cárceles desde el viernes hasta este martes. Arreaza anunció tres subcomisiones parlamentarias: para casos laborales, cumplimiento de la ley y volumen de solicitudes.
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