Familiares de presos políticos en Venezuela se concentraron este jueves frente a la sede principal de la Fiscalía General de la República, en Caracas, para denunciar formalmente que el organismo judicial está incumpliendo los compromisos acordados hace un mes. Los manifestantes señalaron que los pactos originales buscaban optimizar las condiciones de reclusión y canalizar las denuncias de tratos crueles. Sin embargo, la portavoz del grupo, Hiowanka Ávila, precisó que las autoridades del Ministerio Público se han negado a dar respuesta o recibir el dossier con los expedientes de las víctimas, ratificando que las violaciones a los derechos humanos continúan vigentes en el país.
El balance del Foro Penal
Con pancartas y consignas que exigían el cese de las detenciones arbitrarias, los familiares demandaron soluciones inmediatas y transparentes al Estado venezolano. De acuerdo con las estadísticas más recientes de la organización no gubernamental Foro Penal, las cárceles venezolanas albergan actualmente a 409 prisioneros por motivos políticos, un grupo que incluye a 39 ciudadanos de nacionalidad extranjera cuyos procesos judiciales permanecen bajo el escrutinio de misiones diplomáticas internacionales.
Promesas oficiales bajo la lupa
La movilización ante la Fiscalía coincide con la presión social ejercida sobre el Palacio de Miraflores para que acelere los procesos de excarcelación prometidos la semana pasada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la mandataria encargada de la República, Delcy Rodríguez. Aunque el Ejecutivo anunció un plan para excarcelar a unas 500 personas en una tanda complementaria a la ley de amnistía general aprobada el pasado mes de febrero, los comités de derechos humanos y los familiares denunciaron que el decreto se ejecuta con extrema lentitud, contabilizando apenas poco más de 40 liberaciones efectivas hasta la fecha.
Perfiles de los ciudadanos liberados
Entre el grupo de personas que recuperaron su libertad en los últimos días destaca un contingente de ocho efectivos militares que permanecieron recluidos durante casi una década, acusados de una supuesta conspiración castrense en la que también estuvo implicado el exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien falleció bajo custodia del Estado en el año 2021. De igual forma, el beneficio procesal alcanzó a tres antiguos funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, quienes cumplían penas de 30 años de prisión por los sucesos políticos de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez.
Excarcelaciones civiles y políticas
La lista de liberados recientes de las prisiones federales se complementó con la salida de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, este último condenado a 24 años de cárcel por su participación en la fallida incursión marítima del año 2020 conocida como Operación Gedeón. Asimismo, las medidas gubernamentales favorecieron al exalcalde opositor Nervins Sarcos, quien permaneció privado de libertad durante 16 meses bajo señalamientos oficiales de presuntos nexos con el tráfico de estupefacientes y redes mafiosas locales.
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