San José.- La fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, aseguró este lunes que el allanamiento del pasado viernes a Casa Presidencial por un caso de supuesta violación de datos personales y por el que se investiga al presidente Carlos Alvarado, fue exitoso, respetuoso entre las partes y en apego a la ley.
«El operativo fue exitoso, se realizó con respeto de todas las partes: hablo de la Policía Judicial, del Ministerio Público, de la Sala Tercera de la Corte Suprema y de todos los funcionarios que estaban en los diferentes puntos que se allanaron», declaró la fiscal en una conferencia de prensa.
Navas aseguró que la Fiscalía General «está haciendo su trabajo y lo hace con mucho respeto, sin ningún tipo de arbitrariedad y en respeto a la ley».
El pasado viernes, la Fiscalía efectuó un total de diez allanamientos que incluyeron la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación, y casas de habitación de cuatro funcionarios, entre las que no estaba la residencia personal del presidente.
La investigación pretende determinar si el equipo de análisis de datos de la Casa Presidencial, que opera desde hace 18 meses, accedió a datos sensibles de la población sin ningún respaldo legal y con conocimiento del presidente Alvarado.
Los delitos que se investigan son prevaricato (firma de resoluciones ilegales), abuso de autoridad y violación de datos personales.
La fiscal general explicó que el presidente Alvarado; su ministro de la Presidencia, Víctor Morales; y el viceministro de Planificación, Daniel Soto, son sospechosos de los tres delitos.
Además, los asesores presidenciales de datos Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Diego Fernández Montero; el asesor legal presidencial Luis Salazar Muñoz; y la jefa de despacho del presidente, Felly Salas Hernández, son sospechosos de abuso de autoridad y violación de datos personales.
La fiscal general detalló que en los allanamientos se decomisó documentación y aparatos electrónicos de todos los investigados, entre estos el teléfono personal y el de trabajo del mandatario Alvarado.
Navas indicó que se debe esperar a que concluya la investigación para determinar si hubo algún delito por el cual se deba solicitar el levantamiento del fuero al presidente.
Este caso salió a la luz el 21 de febrero cuando los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de febrero en el que el Gobierno creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El decreto, que fue derogado por Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas, en su artículo 7 indicaba que «las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos» incluida «la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas».
El Gobierno asegura que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabaja en Casa Presidencial desde hace 18 meses, y el mismo presidente Alvarado reconoció que hubo «errores» en la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.
Alvarado aseguró que nunca hubo acceso a datos sensibles porque ese no era ese el objetivo y porque, además, las leyes lo impiden.
También dijo el mandatario que derogó el decreto para abrir un espacio de discusión sobre la necesidad de hacer política pública basada en la ciencia de los datos.
El presidente Alvarado dijo el viernes que su Gobierno está a disposición de la Fiscalía y destacó que esa es la forma en que la institucionalidad del país puede clarificar los hechos.
Esta es la peor crisis que ha vivido el Gobierno de Alvarado, que en mayo próximo cumplirá dos años de gestión, la mitad del periodo presidencial.
EFE
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