La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, no acudió a declarar este jueves ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la había citado para que responda sobre las acusaciones de liderar una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en el Ministerio Público.
Benavides había sido convocada desde las 8.00 horas (13.00 GMT) de este jueves por el grupo legislativo que preside el parlamentario Wilson Quispe, del partido marxista Perú Libre, quien señaló que había enviado un oficio en el que pide que se reprograme esa invitación para la próxima semana.
Quispe señaló que «lamentablemente» había recibido ese oficio enviado por la Secretaría General del Ministerio Público, que pidió «precisar y delimitar de manera concreta el asunto de interés público» que motivaba la citación, y que esta sea reprogramada para la próxima semana.
Ruth Luque
En respuesta a esta solicitud, la legisladora izquierdista Ruth Luque afirmó que «no hay razón» para que a la comisión «se le pregunte cuál es el tema de interés», ya que «la representante del Ministerio Público está siendo sindicada de ser la líder de una organización criminal».
El parlamentario Carlos Zevallos, del partido derechista Podemos Perú, también enfatizó que «la materia de la citación ha sido clara, porque estos actos tienen que ser esclarecidos» y coincidió con otros legisladores en el pedido para que se conforme una comisión investigadora de las denuncias contra Benavides.
A su turno, la congresista liberal Flor Pablo señaló que «realmente esperaba encontrar a la Fiscal de la Nación» en el Congreso, ya que consideró que esta era su «oportunidad de dar explicaciones y no pedir precisiones» al grupo parlamentario.
Posteriormente, la comisión aprobó un pedido de cuestión previa presentado por el legislador Sergio Montalvo para que se solicite al pleno que invite para este mismo jueves a Benavides, la fiscal anticorrupción Marita Barreto y la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán.
Las investigaciones en marcha
El pasado lunes, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía realizaron detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general, como parte de la investigación de una presunta organización criminal «en la alta dirección del Ministerio Público».
Esa organización es acusada de influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (máximo órgano de gobierno de la judicatura), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
Apenas conocida la investigación, Benavides destituyó a Barreto como la coordinadora del Eficcop y luego aseguró que se trataba de «un acto torpe» para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del gobierno por las muertes durante las protestas que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.
En ese sentido, presentó de inmediato una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades.
Tras ese anuncio, Boluarte señaló que la decisión de la fiscal era una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía de las investigaciones en su contra.
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