Fiscal peruana que investiga posible red corrupta en Ministerio Público pide amparo a CIDH

La fiscal peruana Marita Barreto, quien lideraba el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y que investiga una presunta red criminal de tráfico de influencias en el Ministerio Público, presentó este miércoles una petición de medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de evitar represalias.

«Presentamos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la remoción de la fiscal Marita Barreto en el mismo momento en que daba cumplimiento a una orden judicial de detención del principal personal de confianza de la fiscal de la Nación», indicó el abogado de Barreto, Luciano López, en la red social X (antes Twitter).

Añadió que con esta solicitud busca proteger su vida e integridad «al haber sido separada de tan importante investigación» sobre la presunta organización criminal en la cúpula de la Fiscalía de la Nación.

Más tarde, el abogado explicó en la emisora RPP que los derechos de Barreto están en riesgo no solo por este caso que señala a la fiscal general, Patricia Benavides como presunta cabeza de esta red, si no por otras investigaciones que esta ha liderado.

«Por ejemplo, el reciente caso del (ex) presidente Pedro Castillo y una serie de personajes vinculados a esa organización criminal que ella develó. Entonces, sacarla de ese caso y ponerla en otro justamente merma su seguridad y su protección», dijo López.

El caso que afecta a Benavides lo inició el Eficcop y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía al realizar detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general, como parte de la investigación de una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público».

Esa organización presuntamente buscaba influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Apenas conocida la investigación, Benavides destituyó a Barreto y luego aseguró que las pesquisas son «un acto torpe» para intentar bloquear los casos que tiene abiertos contra los máximos representantes del gobierno por las muertes durante las protestas que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.

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