Una eventual liberación del izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) centra el debate político en Perú en las semanas previas al inicio del mandato presidencial de la derechista Keiko Fujimori. La controversia ha cobrado fuerza tras conocerse el dictamen no vinculante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que recomendó excarcelarlo al considerar que fue víctima de un arresto ilegal.
Castillo cumple actualmente una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración, debido a su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. En aquella fecha, emitió un mensaje a la nación en el que ordenaba clausurar el Parlamento, intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos de urgencia hasta establecer una Asamblea Constituyente.
El entonces mandatario lanzó este mensaje justo después de que un testigo lo implicara directamente en un caso de corrupción dentro de su administración. Esta revelación hacía prever que el Congreso, dominado por una férrea oposición, intentaría esa misma tarde destituirlo por tercera vez, tras dos intentos previos fallidos en menos de año y medio de gestión.
Pronunciamiento de la ONU sobre la detención
El dictamen del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria analizó el arresto de Castillo, el cual fue ejecutado por su propia escolta dos horas después del mensaje a la nación, cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima.
La postura de este grupo internacional se fundamenta en que, al momento de ser capturado, Castillo todavía se encontraba en el ejercicio de sus funciones presidenciales. Argumentan que la destitución aprobada por el Congreso se realizó sin los votos necesarios para concretarla de manera inmediata y sin respetar el derecho a la defensa del jefe de Estado.
Ofensiva legal y las solicitudes de indulto
Aunque Castillo ha presentado un total de seis solicitudes de indulto presidencial que han sido rechazadas de forma consecutiva, el informe de la ONU ha dado pie a una nueva ofensiva legal. El exmandatario ha vuelto a solicitar la gracia presidencial, al tiempo que su defensa ha presentado un recurso de habeas corpus en el fuero judicial para acelerar su liberación.
La gracia presidencial también le permitiría evitar otro proceso penal en marcha por presunta corrupción. Sin embargo, el indulto no puede aplicarse a menos que su condena por el fallido golpe de Estado quede firme; un escenario que actualmente no se cumple debido a una apelación en curso a la que Castillo tendría que renunciar formalmente para aceptar la sentencia.
Decisión política del gobierno de transición
El presidente interino, José María Balcázar, fue elegido por el Parlamento en febrero pasado para encabezar el Gobierno de transición. Balcázar llegó al hemiciclo bajo las filas del partido marxista Perú Libre, la misma organización con la que Castillo derrotó a Keiko Fujimori en las elecciones de 2021, y asumió la jefatura de Estado con la promesa de liberar al exgobernante.
Balcázar ha señalado que el informe de la ONU cambia el sustento jurídico de la situación de Castillo. No obstante, para ejecutar la medida necesita el respaldo del ministro de Justicia y Derechos Humanos; de mostrarse en desacuerdo, es probable que este sector sea asumido por algún congresista partidario de la excarcelación del expresidente.
Movilizaciones sociales y el silencio de Fujimori
Por su parte, el excandidato presidencial Roberto Sánchez adoptó la liberación de Castillo como su principal bandera de campaña. Tras perder en la segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori por un estrecho margen de menos de 50,000 votos, Sánchez ha seguido promoviendo movilizaciones en las calles para presionar por la excarcelación del exlíder izquierdista.
Hasta el momento, Fujimori, quien asumirá la presidencia el próximo 28 de julio, ha evitado pronunciarse al respecto. Sin embargo, diversos analistas coinciden en que una eventual liberación de Castillo podría restar presión social a su llegada al gobierno, considerando el fuerte respaldo que el exmandatario aún conserva en las zonas rurales del país, donde la lideresa de Fuerza Popular genera un profundo rechazo.
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