El Gobierno de Bolivia aprobó este lunes un decreto para extender por 90 días adicionales el estado de excepción vigente desde el 20 de junio. La medida, que busca mantenerse activa «mientras los factores de riesgo permanezcan», fue enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su revisión y ratificación.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó la resolución oficial tras la reunión de gabinete encabezada por el presidente Rodrigo Paz. El objetivo del Ejecutivo es que el Parlamento respalde la norma para que la prórroga entre en vigor el próximo 18 de septiembre, fecha en la que vence el periodo inicial.
Por su parte, el senador opositor Milton Quispe (Unidad) detalló que el pleno legislativo deberá analizar el instrumento legal en un plazo máximo de 72 horas, requiriéndose una mayoría simple para su aprobación según el reglamento interno. En paralelo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ya dio luz verde a un proyecto de resolución respaldando la extensión ante el riesgo de nuevas movilizaciones.
Reacciones y posturas de la oposición
El anuncio de la prórroga generó posturas encontradas dentro del espectro político. Mientras el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseveró que la continuidad de la medida cuenta con respaldo de la opinión pública para resguardar la actividad económica, sectores de oposición expresaron sus reservas.
El expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, líder de la principal fuerza opositora en el Congreso, alertó que mantener las restricciones por tres meses más retrasará el debate sobre las reformas constitucionales destinadas a captar inversión extranjera.
Antecedentes de la crisis e impacto económico
La medida de excepción original fue decretada por el presidente Paz tras siete semanas de intensos bloqueos de carreteras entre mayo y junio, liderados por la Federación de Campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al exmandatario Evo Morales, quienes exigían la dimisión del jefe de Estado.
Las protestas provocaron severos desabastecimientos de alimentos, combustible e insumos médicos en varias ciudades del país. De acuerdo con balances oficiales, las manifestaciones dejaron al menos 16 personas fallecidas —13 de ellas por la imposibilidad de recibir atención médica a causa de los cierres viales— y generaron pérdidas económicas estimadas en más de 3.000 millones de dólares.
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