Gobierno de EE. UU. advierte que el Centro Kennedy deberá ser demolido si no se autorizan reformas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó ante un tribunal federal que el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington, deberá ser demolido en caso de que no se le permita al Gobierno del presidente Donald Trump acometer una serie de reformas integrales. De acuerdo con la postura de la Casa Blanca, los trabajos de remodelación requieren la clausura total del emblemático espacio cultural por un período de dos años.

En la demanda remitida al juez, los abogados del Ejecutivo sostienen que sin estas obras el recinto «se deteriorará aún más, convirtiéndose en una estructura insegura y ruinosa». El texto califica al centro de «estructuralmente deficiente, fundamentalmente inseguro y una vergüenza para la capital del país», añadiendo que, si se llegara a la demolición, una opción sería levantar en su lugar un «gran anfiteatro al aire libre», estructura que reconocen «más sencilla y económica de mantener», aunque con menor valor representativo hacia el expresidente John F. Kennedy.

Votación de la junta directiva e intento de renombre

El recurso del Departamento de Justicia se produce tras una nueva votación de la junta directiva del centro, integrada mayoritariamente por aliados nombrados por la administración actual. En dicha sesión, el consejo aprobó nuevamente el cierre del complejo por dos años para la realización de las remodelaciones, además de respaldar el restablecimiento del nombre de Donald Trump en un lugar visible del recinto.

La denominación del mandatario ya había sido retirada de la fachada el pasado mes de junio en cumplimiento de una orden judicial. Desde enero de 2025, el Ejecutivo ha buscado integrar el nombre de Trump dentro de la identidad institucional de este espacio artístico inaugurado en 1971.

Freno judicial y audiencia en el Distrito de Columbia

La estrategia de la administración enfrenta importantes límites legales. A principios de este año, un juez federal bloqueó los planes iniciales de cierre tras determinar que la aprobación emitida por la junta directiva resultaba ilegal, concluyendo que la facultad para autorizar una clausura de esa magnitud corresponde exclusivamente al Congreso.

Ante la insistencia de la junta directiva en aprobar nuevamente el plan, la congresista demócrata Joyce Beatty interpuso una nueva demanda argumentando desacato a las leyes federales y al fallo judicial previo. Un juez federal del Distrito de Columbia fijó una audiencia para este jueves con el propósito de evaluar la validez de los acuerdos tomados por el consejo del recinto cultural.

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