El estado de Nueva York aprobó este martes una legislación que prohíbe formalmente la cooperación entre los cuerpos de policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en procedimientos migratorios de carácter civil. La gobernadora Kathy Hochul precisó que la norma, denominada «Policía local, crímenes locales», busca impedir que las fuerzas de seguridad del estado sean empleadas por la administración de Donald Trump para cumplir metas cuantitativas de deportación.
Con la entrada en vigor del texto legal, las agencias locales únicamente prestarán asistencia a la entidad federal en aquellos supuestos donde exista la presunción o comisión de un delito tipificado en el código penal. La mandataria demócrata enfatizó que los funcionarios de seguridad deben enfocar sus recursos en la persecución de infracciones penales y no en intervenciones dentro de espacios comunitarios, religiosos o laborales.
Impacto en la seguridad ciudadana y colaboración procesal
Desde el ámbito de los cuerpos de seguridad, el jefe de Policía de la capital estatal, Albany, Brendan Cox, argumentó que exigir a los agentes locales asumir funciones migratorias civiles genera un desgaste en la relación de confianza con los residentes. Según el funcionario, la desconfianza ciudadana desmotiva la presentación de denuncias por parte de víctimas e interrumpe la colaboración de testigos en investigaciones criminales.
Diversos mandos policiales cuestionaron la aplicación de los convenios de cooperación federal, conocidos como acuerdos 287(g), señalando que la efectividad de las patrullas locales se refleja en la disminución progresiva de los índices delictivos registrados durante los últimos años sin necesidad de ejecutar competencias migratorias.
Resistencia de condados opositores y litigio judicial
La gobernadora Hochul confirmó que la normativa se aplica de manera efectiva en 60 de los 62 condados del estado, habiendo superado previamente impugnaciones en sedes judiciales. Sin embargo, jurisdicciones con mayoría de electorado conservador, como el condado de Nassau —encabezado por Bruce Blakeman—, se han posicionado en contra de la restricción operativa.
Tras la promulgación de la norma, una coalición integrada por 15 alguaciles presentó una demanda contra el gobierno estatal para intentar frenar su aplicación. En respuesta, la gobernadora y la fiscal general del estado, Letitia James, calificaron el recurso de infundado y confiaron en que las instancias judiciales ratificarán la vigencia de la ley en todo el territorio neoyorquino.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
