Caracas.- El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, afirmó este miércoles que las acciones de la empresa Citgo, sobre la que pesa una demanda de la minera Crystallex, no pueden embargarse porque están bloqueadas por decisión del Gobierno de Donald Trump.
A través de un comunicado, la Administración de Guaidó aseveró que la minera canadiense «no puede ejecutar el embargo de acciones, pues esas acciones, -al igual que todas las propiedades de (la estatal petrolera) Pdvsa en Estados Unidos- fueron bloqueadas por el Gobierno de ese país».
«Por lo tanto, sin desmeritar las implicaciones de esta sentencia, queremos afirmar al pueblo de Venezuela que gracias a la gestión eficiente del Gobierno legítimo -en referencia al que proclamó en enero pasado- ahora contamos con nuevas herramientas para defender el patrimonio de la república», se añade en el texto.
Un tribunal federal de Estados Unidos rechazó esta semana la apelación presentada en 2018 por Pdvsa tras el embargo de las acciones de PDV Holding (PDVH), la compañía matriz de Citgo en suelo estadounidense, a favor de la minera canadiense Crystallex.
En el comunicado, Guaidó señaló que los activos de Citgo entraron en riesgo por «las acciones irresponsables» de los Gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013 en adelante), cuyo nuevo mandato de 6 años no reconoce Estados Unidos.
«Las expropiaciones y acciones irresponsables del régimen pusieron en riesgo el patrimonio nacional», dijo luego en Twitter el opositor.
«No obstante, estamos comprometidos con salvar nuestra nación para poder poner nuestros activos al servicio de todos los venezolanos», agregó.
Más temprano, el Gobierno de Nicolás Maduro acusó a Guaidó de presidir una «organización criminal» para adueñarse de Citgo.
En una alocución televisada, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que «hay una operación de crimen organizado internacional para robarse los recursos de Venezuela».
Además, adelantó que denunciarán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en «todas las instancias internacionales», lo que consideran una violación al derecho internacional.
Rodríguez esgrimió que Crystallex «nunca tuvo derechos mineros, nunca tuvo títulos legítimos ni propiedad sobre la mina» y defendió la decisión de «retirar el contrato de servicio» a la firma canadiense por incumplir la normativa ambiental venezolana.
La vicepresidenta también indicó que uno de los antiguos abogados de Crystallex, José Ignacio Hernández, este año fue designado como procurador ad hoc por la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), por lo cual consideró que la medida judicial es un «gran fraude material y procesal» que pretendería «apropiarse ilegítimamente de Citgo».
Esta misma jornada, el fiscal general designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Tarek Saab, informó a través de su cuenta en Twitter del «inicio de una investigación penal» contra José Ignacio Fernández por su «apátrida participación» en el juicio de Crystallex contra Citgo en Estados Unidos.
Pero Guaidó dijo en su comunicado que Hernández, «actuando de manera ética y legal», se abstuvo de «todas las actuaciones relacionadas con este asunto judicial».
EFE
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