A pesar de la persistente crisis de seguridad que atraviesa el país, el Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití confirmó que mantiene en marcha el cronograma para celebrar las elecciones presidenciales y legislativas el próximo 13 de diciembre de 2026, proceso que no se realiza desde el año 2016. La decisión coincide con una nueva ola de letalidad perpetrada por bandas armadas, que esta semana dejó al menos 47 personas masacradas en la comuna de Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe.
Según balances de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia ejercida por las estructuras criminales se ha cobrado la vida de al menos 3.050 personas y ha dejado 1.401 heridos en los primeros seis meses del año. A pesar del panorama, el CEP informó haber completado la acreditación de partidos, el sorteo de números de campaña y la apertura de centros de registro en el departamento Oeste, admitiendo no obstante que el cumplimiento definitivo del proceso dependerá de lograr un «clima de seguridad aceptable».
Reacción institucional y despliegue de la fuerza internacional
Ante el agravamiento de los ataques en la zona metropolitana de la capital, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, instruyó una respuesta militar firme contra los grupos armados responsables de las recientes matanzas. El jefe de Gobierno encabezó una reunión extraordinaria con el Estado Mayor de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), el contingente de 5.500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025.
El encuentro de alto nivel tuvo como propósito reevaluar las amenazas operativas y estrechar la coordinación entre la Policía Nacional Haitiana y las fuerzas internacionales para replegar el control territorial que ejercen las pandillas en la mayor parte de Puerto Príncipe, con miras a garantizar un entorno mínimo para el desplazamiento de candidatos y electores.
Rechazo social y escepticismo en las calles
Pese al inicio extraoficial de actos de proselitismo en redes sociales y algunas regiones del interior, la población manifiesta un profundo escepticismo sobre la viabilidad del proceso comicial. Residentes de sectores como Pélerin y Pétion-Ville señalan que la falta de garantías básicas para el libre tránsito y el temor a represalias armadas imposibilitan el ejercicio del voto.
Diversos sectores de la sociedad civil coinciden en que la prioridad estatal debe centrarse en la pacificación del territorio antes de convocar a las urnas, advirtiendo que celebrar votaciones en las condiciones actuales de confinamiento urbano pondría en riesgo la legitimidad del proceso y la integridad física de los ciudadanos.
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