El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato fue condenado este viernes a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares y tres delitos fiscales más, así como a una multa de dos millones de euros.
El fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, según fuentes jurídicas, queda muy lejos de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que atribuía a Rato –también exvicepresidente del Gobierno español por el conservador Partido Popular– once delitos fiscales entre 2005 y 2015, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, y pedía para él 63 años de cárcel y 42,4 millones de euros de multa.
Rato, que ya fue condenado a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida en un caso de tarjetas bancarias opacas a la hacienda pública española, estaba siendo juzgado en este caso por el origen de su fortuna, relacionada con la concesión de las campañas publicitarias de Bankia –entidad bancaria de la que fue presidente– a las agencias Zenith y Publicis.
Ingreso a prisión
La Fiscalía aseguraba haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre esos años por un importe de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el extranjero tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria.
A esta última cantidad se añadía la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.
Fuentes jurídicas han indicado a EFE que no hay plazo establecido para que la Fiscalía o la Abogacía del Estado pidan el ingreso en prisión de Rato. La sentencia, de 1.232 folios y que todavía no se ha hecho pública y aún no es firme, puede ser recurrida ante el Supremo.
Rato fue vicepresidente español y ministro de Economía (1996-2004) en el gobierno conservador de José María Aznar y director gerente del FMI (2004-2007).
También presidió Bankia (2010-2012), cargo del que fue destituido cuando la entidad fue parcialmente nacionalizada, tras recibir 22.000 millones de euros en ayudas públicas para cubrir un gran agujero contable. En septiembre de 2020, fue absuelto en el juicio por la salida de Bankia a bolsa.
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