El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela denunció este domingo que la persecución contra periodistas no ha cesado y exigió el desmontaje de los mecanismos de censura estructural que imperan en el país. En un comunicado emitido por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización subrayó que el ejercicio periodístico se ha visto reducido a «ciertos márgenes» de seguridad para poder seguir informando.

La normalización de la autocensura

La organización aseguró que más de ocho de cada diez periodistas reconocieron haber modificado su manera de trabajar como respuesta a un entorno que impone límites severos. Esta realidad ha provocado que muchos profesionales opten por no firmar sus notas, una medida de protección ante un ecosistema mediático hostil.

El impacto invisible de la represión

IPYS señaló que el daño a la libertad de prensa ya no se mide únicamente en agresiones físicas registradas, sino en factores más difíciles de cuantificar: los temas que se dejan de cubrir, las preguntas que se evitan y las historias que nunca llegan a la luz pública. No obstante, las tácticas directas persisten, incluyendo detenciones durante coberturas, borrado forzado de material, cierres de emisoras y advertencias públicas contra medios de comunicación.

Requisitos para una reconstrucción democrática

La ONG abogó por recuperar un mínimo de garantías que hoy están ausentes. Según el organismo, esto implica el cese de la persecución judicial, la liberación de detenidos por razones de expresión y el fin de la vigilancia sobre ciudadanos y reporteros. Asimismo, instaron al desbloqueo de portales digitales y la restitución de concesiones radiales para restablecer el flujo informativo.

El foso regional de la libertad de prensa

El panorama se ve agravado por los indicadores internacionales. Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025. El informe, difundido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ubica a la nación —junto a Nicaragua— como los únicos países del continente categorizados bajo la condición de «sin libertad de expresión».

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