Dirigentes sindicales de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) destacaron, ante los casos de corrupción en el país, que la Procuraduría Nacional tiene el deber de revisar y verificar estas irregularidades, debido a que «estas empresas son del Estado».
Ramón Gómez, secretario general de Sunep CVG, se refirió al tema como «algo muy álgido» que ha causado conmoción mediática a nivel nacional.
«Esta corrupción es la más dañina de todos porque toca a todos los sectores de un estrato de la estructura social, infraestructura del poder judicial, del empresariado y del político a nivel legislativo como en el caso de lo que está ocurriendo acá en Venezuela», mencionó.
A su vez, el miembro principal de la ITG alegó que esta situación, por la que atraviesa el país, ha causado asombro; sin embargo, para ellos como trabajadores de las diferentes empresas básicas del holding de CVG no es ningún asombro.
«No es sorpresa porque ya nosotros desde hace tiempo venimos denunciando ante las instancias correspondiente todos los hechos de corrupción que han ocurrido tanto en CVG como en cada una de las empresas básicas», dijo.
Denuncias sin respuestas
«El instrumento de lucha que teníamos los trabajadores de Guayana eran las denuncias ante el Organismo Internacional del Trabajo. En la Inspectoría del Trabajo todavía reposan sin respuestas», alertó Ramón Espino, trabajador de CVG Carbonorca.
El secretario general recordó las jubilaciones forzosas, despidos injustificados y los trabajadores que están en las calles actualmente «pasando hambre» porque la decisión de Pedro Maldonado hizo y promovió esta situación.
Espino exhortó que deben revisarse de manera minuciosa las empresas básicas del Estado, tanto las grandes como las pequeñas, y conocer lo que está sucediendo dentro de ellas, para que devuelvan a sus puestos a cada trabajador que fue sacado de su área de trabajo.
«Los peces gordos no caen»
Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, alegó que, ya toda Venezuela conocía, «este Gobierno es el mayor corrupto que ha pasado por nuestra historia».
Para los miembros, esta investigación no es sensata, pues «los peces gordos no caen», dijeron que solo cayeron personas con menor poder y los de mayor están protegidos por el Gobierno nacional.
El también coordinador general de la ITG acusó como mayor responsable de corrupción al exvicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, el cual afirma que se mantiene protegido sobre la situación.
Para los trabajadores de Guayana su mayor incertidumbre es saber cómo quedarán sus convenciones colectivas y beneficios; que de acuerdo en el artículo 89 de la Constitución, establece que «ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales».
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
