La Justicia española rechaza admitir a trámite una querella por un delito de lesa humanidad contra el exministro Miguel Rodríguez Torres y la ex fiscal general Luisa Ortega, en la que se relataba la presunta violación de derechos humanos durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La Audiencia Nacional considera que carece de «competencia jurisdiccional» para investigar estos hechos y recuerda que la Corte Penal Internacional está investigando delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, «siendo esta instancia donde deben canalizarse este tipo de denuncias».
En su auto, al que tuvo acceso EFE, un juez del tribunal explica que los delitos de lesa humanidad denunciados se basan en «informaciones de carácter periodístico» y que el testimonio de la denunciante no sirve para «otorgar veracidad» a estos delitos en concreto.
El magistrado, no obstante, ve en su relato «la notoria vulneración de sus derechos fundamentales, relatando un conjunto de hechos que deben calificarse como un delito de torturas o contra la integridad moral, sin que pueda estimarse, en este solo hecho, la calificación inicial que pretende realizarse acerca de la concurrencia de un delito de lesa humanidad».
Esos presuntos delitos de torturas y contra la integridad moral se habrían cometido fuera de España contra una víctima que no tiene la nacionalidad española, lo que impide a la Audiencia Nacional investigarlo.
Denuncias de lesa humanidad en Venezuela
La denunciante, qué era activista social y representaba al grupo de mujeres Proyecto Venezuela, denuncia que sufrió torturas, detenciones y violaciones en 2003 y 2004.
En un primer episodio, denunció que la había secuestrado, sedada e interrogada acerca de militares disidentes.
En otra ocasión, relata que individuos que se identificaron como «agentes de la Dsip Paralela» irrumpieron en el domicilio donde se encontraba, la sacaron a la fuerza y la llevaron ante un «agente que dirigía la comisión y dirigió la tortura, identificado como Melvin Collazo», delante de su superior.
Así lo explica la fiscal en el escrito en el que pidió al juez que consultase si los hechos de esta querella están encuadrados en procedimientos de la Corte Penal Internacional.
La mujer también asegura que la llevaron a un cuarto, por orden de Miguel Rodríguez, que era director de la Agencia de Inteligencia de Venezuela y después ministro, donde «inmovilizada, golpeada» y «violada».
«Se le informó que toda su tortura la grabaron y que quedaría como advertencia a todos por orden del director Miguel Rodríguez», indica la fiscal al reproducir la querella.
La denunciante, que señala que pasó 59 días en una cárcel militar, sostiene que fue llevada a un tribunal civil, donde por orden de la fiscal Luis Ortega no se le tomó declaración.
El juez cree que en los hechos descritos por la denunciante, «atentatorios contra la integridad física, corporal y moral, se aprecia (…) la intervención del querellado Miguel Rodríguez, pero no presenta el mismo carácter, la intervención» de Luisa Ortega.
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