París.- La constructora Vinci tiene que comparecer el próximo miércoles ante un juez instructor de Nanterre, a las afueras de París, que le comunicará si le inculpa por las condiciones de trabajo de los empleados de una filial en Catar.
La multinacional francesa confirmó este lunes la convocatoria judicial en un comunicado en el que se quejó de que no ha tenido acceso al dossier desde que fue denunciada por primera vez en 2015, y eso pese a que asegura haber cooperado ofreciendo «una información tan detallada como ha sido posible sobre sus actividades en Catar».
Además, anticipándose a lo que pueda decidir el magistrado instructor, dijo lamentar que su filial QDVC, en la que tiene una participación del 49 % y que es objeto de un procedimiento desde hace siete años, pueda ser inculpada precisamente ahora, en vísperas del inicio del Mundial de Fútbol de Catar.
La razón es que considera que este caso va a estar sometido a una sobremediatización a pocas semanas de la competición «poco favorable para la serenidad de los debates».
La compañía hizo notar que, en contra de las alegaciones de la ONG que le denunció, Sherpa, ninguno de los contratos de QDVC está vinculado con el Mundial, sino que los consiguió antes de que se atribuyera a Catar esa competición.
Sobre el fondo del asunto, insistió en que desde hace mucho tiempo está comprometida con el respeto de los derechos humanos y con la mejora de las condiciones de vida y laborables de todos sus empleados en todo el mundo.
Y que todo eso es «una prioridad» para sus equipos desde la creación en 2007 de QDVC.
Señaló que «las estadísticas» de seguridad de esa filial son «al menos equivalentes» a las de sus actividades en Europa.
En el origen de este procedimiento está Sherpa, que en su página internet recuerda que en 2014 organizó una misión en Catar durante la que recogió testimonios sobre las condiciones laborales en algunas obras a cargo de la filial de Vinci.
De acuerdo con esos testimonios, el trabajo continuaba en condiciones extremas de calor con temperaturas por encima de los 45 grados, sin agua ni sombra suficientes; se retenían los pasaportes a los trabajadores, que tenían que pagar «sumas importantes» a las agencias de contratación y que además tenían poco acceso a las duchas en sus viviendas.
EFE
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