«Justicia que no llega»: Familiares de 150 presos denuncian retardo procesal crónico en Puerto Ordaz

A las puertas del Palacio de Justicia en Alta Vista, el clamor es el mismo: justicia expedita. Familiares de más de 150 privados de libertad, oriundos del municipio Sifontes, protestaron este miércoles para denunciar lo que califican como una «violación flagrante y sistemática de los derechos humanos» debido al retardo procesal que mantiene a ciudadanos hasta seis años tras las rejas sin una sentencia condenatoria.

Abogados penalistas presentes en la manifestación calificaron la situación como una «pena anticipada». Según los juristas, mantener a una persona detenida por más de un lustro sin un veredicto no solo quiebra el principio de presunción de inocencia, sino que convierte la medida cautelar en un castigo cruel y de facto.

Peregrinaje y tortura psicológica

Los procesados se encuentran dispersos en centros de reclusión como la cárcel de Puente Ayala, estado Anzoátegui, retén de Guaipato en San Félix, entre otros penales del país. Esto obliga a sus familias, mayoritariamente residentes de Tumeremo, a realizar costosos y agotadores viajes hacia Puerto Ordaz solo para encontrarse con la misma respuesta: audiencia suspendida.

«La pena de castigo sin sentencia es inhumana», afirmó uno de los defensores. Por su parte, María, madre de uno de los detenidos, relató que lleva seis años esperando un pronunciamiento. «Vivimos una tortura psicológica. El Estado utiliza el tiempo como un arma para quebrar nuestra voluntad», denunció.

Un sistema sin pruebas

José Romero, vocero de las familias de Tumeremo, señaló que el retardo se ha vuelto estructural debido a que, en muchos casos, los jueces no cuentan con elementos para decidir. «Suspenden las audiencias constantemente porque no tienen pruebas convincentes ni testigos, mucho menos alguien que señale directamente a los acusados. Aun así, se niegan a otorgar las libertades que por ley corresponden tras vencerse los plazos del COPP», explicó.

El impacto emocional también es evidente. La madre de Deivis Manuel Rivas Rodríguez, un joven practicante de motocross en Tumeremo, manifestó que su hijo suma tres años de detención injusta. «Este viacrucis me ha generado dolencias físicas, pero aquí sigo, instalada en los tribunales luchando por su libertad», aseguró.

Llamado a las nuevas autoridades

Ante la parálisis de las causas, los afectados hicieron un llamado directo a las nuevas autoridades designadas este mes:

Al Fiscal General, Larry Daniel Devoe Márquez.

A la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato.

A los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La solicitud es clara, una inspección inmediata de los tribunales de juicio y control de Puerto Ordaz para investigar por qué se ignoran los lapsos legales y se somete a los procesados de Sifontes a un sistema de castigo indefinido. «Somos mártires de un debido proceso que nos han negado», concluyeron las madres antes de retirarse del lugar, prometiendo mantener las acciones de calle hasta obtener respuestas

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