Quito, Ecuador. La nueva secretaria Anticorrupción de Ecuador, Dora Ordóñez, asegura que la corrupción en la década del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) arroja unas cifras que organismos locales e internacionales estiman entre los 30.000 y 70.000 millones de dólares en perjuicios para el Estado.
En primer lugar mencionó una consultoría realizada por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo del Gobierno ecuatoriano, que recoge la cifra de 2.400 millones de dólares en cinco proyectos emblemáticos.
Conocidas como «megaobras», el informe señala la existencia de fondos desviados y relacionados con millonarios sobreprecios y una estimación de 600 millones de dólares adicionales que se requerirían para ponerlas en marcha.
«Se contrataba bajo la categoría de ‘regímenes especiales’, contratos directos que no tenían un presupuesto referencial bien definido y donde se han evidenciado sobornos y porcentajes por coimas», afirma esta cuencana que ejercía como subsecretaria de la entidad hasta que fue designada su titular el pasado 21 de octubre.
Pero Ordóñez añade un análisis complementario de la Comisión Nacional Anticorrupción, de carácter cívico, «que hace referencia a 3.500 millones de dólares por daños en los diez años del anterior régimen, por lo que se habla de un total de 35.000 millones de dólares».
La cifra más elevada de esta presunta corrupción, 70.000 millones, que engloba el cómputo de pérdidas en la nación andina producto de esta lacra, proviene de un estudio regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre despilfarro y malgasto, también consideradas prácticas corruptas para el Estado, y que se calculan en torno al 7% del PIB anual.
«El informe del BID se refiere a 40.000 millones que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos, y 30.000 adicionales por ineficiencia de las obras ejecutadas», subraya.
La Superintendencia de Control de Poder del Mercado analizó por su parte dos obras en las que según la secretaria, «se evidencian las afectaciones a toda la actividad económica de la construcción».
Pero al margen de las desorbitadas cifras y de que la Secretaría Nacional Anticorrupción fue creada en febrero pasado por Lenín Moreno, Ordóñez asegura que «la corrupción no puede, ni debe tener una bandera política».
Resalta que las instrucciones del actual mandatario son que se investiguen los delitos pasados, presentes y futuros.
Aunque reconoce que «lo político no está exento de los últimos hechos de corrupción», y en ese sentido destaca que los 22 sentenciados de los últimos años están relacionados con niveles jerárquicos superiores de autoridad, «que en su momento tomaron decisiones» y que 15 son prófugos de la justicia, entre los que figura Correa.
El expresidente, que dice tener abiertos 29 expedientes penales, aseguró el miércoles en una conferencia en México que se trata de una persecución política y defendió que su Gobierno luchó contra la corrupción.
Y a título personal manifestó que han buscado «sus cuentas bancarias», sus «movimientos financieros y migratorios» (…) y «no han encontrado absolutamente nada y jamás lo encontrarán porque sencillamente no existe».
Ordoñez defiende que «en la Secretaría Anticorrupción se ha planteado que más allá de tener un sancionado cada semana o un nuevo preso por un delito de corrupción, es necesario prevenir» el fenómeno.
Y es que uno de los principales caballos de batalla para la entidad que dirige es la percepción de la ciudadanía sobre el fenómeno y acerca de su alto grado de impunidad.
El 80 % de los latinoamericanos desconfía de la eficiencia de los sistemas judiciales para castigar a los responsables y solo el 8% está preocupado por la corrupción.
«El 44% de los ciudadanos cree que no importa con tal de que exista obra, es decir, se ha naturalizado la corrupción», censura la responsable.
Sin embargo, considera que casos sonados como Odebrecht, constructora brasileña que habría pagado sobornos por más de 35,5 millones de dólares a funcionarios de Gobierno en Ecuador, de acuerdo al Departamento de Justicia de EEUU, han provocado una «crisis ética que puede resultar positiva».
«En Ecuador no queremos impunidad, queremos que se recuperen nuestros recursos y la confianza en nuestras autoridades», aclara.
Entre las propuestas que impulsa están la de plantear un debate ciudadano y académico a fin de elaborar una legislación anticorrupción.
En paralelo han formulado leyes de extinción de dominio, de Gobierno abierto y transparencia, además de reformas al código orgánico penal para fortalecer los procesos de denuncia y sanción, una tarea que, concluye, «nos compete a todos».
EFE
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