Enrique Márquez
El excandidato opositor a la presidencia de Venezuela Enrique Márquez habla durante una rueda de prensa este viernes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R.

El opositor Enrique Márquez denunció un «fraude procesal» por el fallo del Supremo que convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en esos comicios, por lo que anunció que solicitará a la Sala Constitucional del máximo tribunal la nulidad de esa sentencia.

El excandidato acudirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la próxima semana, cuando -dijo- está previsto el reinicio de las actividades de esta institución tras las vacaciones, para introducir el «recurso de revisión» de la sentencia, con el objetivo de que se declare su «inconstitucionalidad» y, «por lo tanto, su nulidad».

Durante una rueda de prensa, sostuvo que la decisión de convalidar la reelección está «llena de inconstitucionalidad» y deben «declararla nula» porque «afecta gravemente al poder del pueblo venezolano ejercido a través del sufragio».

A su juicio, la sentencia «viola las normas relativas al ejercicio del poder jurisdiccional del Estado» y la «forma republicana que se le ha dado a la Nación», además de que «revocó y dejó sin efecto el principio fundamental de la soberanía popular».

Márquez: no existe un recurso en la Constitución

El opositor aseguró que «no existe un recurso» en la Constitución, en la Ley Orgánica del TSJ ni «en el Código Civil para certificar resultados», como lo solicitó al máximo tribunal el mandatario Nicolás Maduro, declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no publica los datos desagregados de la votación.

«Sin embargo, la sala (Electoral), haciendo caso omiso de todo este andamiaje legal, tira su sentencia como si no conociéramos nuestra Constitución», expresó Márquez.

Además, cuestionó que «la única prueba que sustenta» el fallo se trata de un peritaje «oculto» y «obtenido a través de métodos ilegales e inconstitucionales», al que «nadie pudo aportar un experto».

Además, señaló que, en el recurso, elaborado por su equipo de abogados, aseveran que el fallo generó un «estado de incertidumbre e inseguridad jurídica» en el país, y que «no contribuyó en nada a la tranquilidad del pueblo».

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