El Parlamento de Venezuela informó este viernes sobre la postulación de 561 personas para optar a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta corte ahora estará integrada por un total de 32 jueces, tras la reciente aprobación de una reforma de ley con la cual el Gobierno busca reestructurar el sistema judicial del país. La convocatoria oficial para recibir los perfiles de los juristas locales había sido emitida por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 22 de mayo.
Perfiles destacados en la lista
Entre los candidatos preseleccionados figura la exvicefiscal general del Ministerio Público Katherine Haringhton —quien fue sancionada por la administración de Estados Unidos en 2015—. Asimismo, la lista compartida por el Comité de Postulaciones Judiciales a través de sus canales oficiales de Telegram incluye a Aimé Nogal, actual rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), y a Luis Emilio Rondón González, exrector de la misma institución. El Comité detalló además que 63 personas se inscribieron para el cargo de inspector de tribunales y 33 para la dirección de la Escuela Nacional de Magistratura.
Renovación y ampliación de salas
La Asamblea Nacional sustituirá únicamente a ocho magistrados debido a procesos de jubilación y renuncias institucionales, procediendo a la elección de doce nuevos jueces que se acoplarán a los otros doce que se mantienen en ejercicio dentro de la corte. De acuerdo con la reforma de ley sancionada el pasado 12 de mayo, la Sala Constitucional del TSJ quedará conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas —Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social— estarán integradas por cinco miembros, sustituyendo el esquema anterior de cinco y tres jueces por sala, respectivamente.
Cruzada contra los males judiciales
Este proceso de selección legislativa coincide con los planes del Ejecutivo nacional. En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró una gran consulta nacional orientada a reformar la justicia penal en la nación suramericana, con el propósito expreso de superar fallas persistentes. En mayo, Rodríguez puntualizó que los diagnósticos arrojaron tres desafíos centrales: combatir el retardo procesal, la corrupción interna y la criminalización de la pobreza, tras determinarse estadísticamente que el 68 % de la población penitenciaria del país pertenece a los estratos socioeconómicos menos favorecidos.
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