La manifestación, convocada por las dos principales confederaciones sindicales de Finlandia, SAK y STTK, es el acto central de las dos jornadas de movilizaciones y huelgas previstas para el jueves y el viernes, dentro del pulso que los sindicatos mantienen contra el Ejecutivo desde hace dos meses.
Según la organización sindical SAK, esta manifestación es una protesta contra «la forma en que el gobierno prepara y aplica los recortes en la vida laboral y la seguridad social sin escuchar a todas las partes y sin preocuparse de las consecuencias para el pueblo.»
Los sindicatos han convocado dos jornadas de huelga en numerosas empresas públicas y privadas de todo el país, en las que participarán entre 200.000 y 300.000 trabajadores, según sus cálculos.
Los paros están afectando a la industria, el transporte público, el servicio postal, las guarderías, el transporte de mercancías, los puertos, las empresas de limpieza, los comercios y los locales de restauración, entre otros sectores.
También se han sumado a la huelga los trabajadores aeroportuarios, lo que ha afectado de forma significativa el tráfico aéreo y ha obligado a la aerolínea finlandesa Finnair a cancelar cerca de 550 vuelos programados para este jueves y viernes.
Kokoomus
El primer ministro Orpo, del partido conservador Kokoomus, calificó las movilizaciones de «excesivas y desproporcionadas» desde Bruselas, donde participa en la cumbre de líderes de la Unión Europea.
Según explicó Orpo a los medios finlandeses, las huelgas están causando graves pérdidas a la economía nacional en una situación económica difícil y no están justificadas, ya que las reformas que plantea el Gobierno no empeorarán -en su opinión- las condiciones de vida de los trabajadores.
El Ejecutivo de coalición, formado por los conservadores, la ultraderecha y otros dos pequeños partidos de derechas, quiere aplicar una serie de polémicas medidas para recortar el gasto público y aumentar la productividad.
Estas reformas incluyen una reducción progresiva de las prestaciones por desempleo, facilitar el despido y la temporalidad y permitir que el primer día de baja por enfermedad no sea remunerado.
Al mismo tiempo, el Gobierno quiere que los convenios sectoriales no sean vinculantes para todas las empresas y que los sindicatos no puedan convocar huelgas políticas, dos medidas que limitarían la capacidad negociadora de las organizaciones sindicales.
Las negociaciones a tres bandas entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos se encuentran interrumpidas debido a la exigencia de la central SAK de abordar todas estas políticas en una misma mesa, algo a lo que el Ejecutivo de Orpo se niega.
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