El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, anunció este miércoles la inminente regulación de las tareas escolares, una medida clave destinada a disminuir el impacto negativo que estas generan en la dinámica familiar y, a su vez, asegurar espacios de tiempo libre para los estudiantes.
La decisión emana de un amplio debate nacional que congregó a expertos, docentes y a la propia comunidad estudiantil.
La conclusión unánime de este proceso participativo fue contundente: las asignaciones deben ser útiles, claras, poseer un tiempo máximo de ejecución y, fundamentalmente, no sustituir el proceso pedagógico que debe ocurrir en el aula de clases.
Formación docente
El ministro Rodríguez enfatizó que la regulación no será una acción aislada. Estará acompañada de un plan de trabajo y formación docente específico.
El objetivo es transicionar hacia una educación más efectiva y equilibrada, que ponga en el centro el bienestar integral de niños y adolescentes.
“Este debate nos envía algunos mensajes, tenemos una sociedad que quiere participar; desde el niño hasta la maestra, los movimientos sociales, dicen: este es un tema que me interesa y quiero decir algo, opinar”, expresó el ministro, celebrando el alto interés social que generó la discusión.
Participación ciudadana
Rodríguez, quien también funge como vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial, aprovechó su intervención para cuestionar las tesis que sugieren una sociedad despolitizada.
A su juicio, el interés demostrado por la ciudadanía en un tema tan cotidiano como las tareas escolares demuestra que existe una profunda avidez por participar en los asuntos que afectan directamente su vida diaria.
En este sentido, insistió en la necesidad de ampliar los espacios de participación y debate, donde la construcción de políticas públicas se base en las consideraciones de la ciudadanía y no en «agendas preestablecidas».
Cifras
El proceso de discusión nacional sobre las tareas escolares alcanzó una notable envergadura. Contó con la participación de más de 68.640 estudiantes, padres y representantes, junto a 2.400 directores y docentes de diversas instituciones.
La convocatoria también sumó a 36 asociaciones de educación privada y subvencionada, 79 universidades y tres movimientos sociales, lo que garantizó una rica diversidad de opiniones y experiencias que sustentan la necesidad de la regulación.
Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo sostenido del Ministerio de Educación por modernizar el sistema educativo venezolano, adaptándolo a las demandas sociales contemporáneas.
Se espera que la resolución oficial y el plan de formación docente sean emitidos en los próximos días para asegurar la aplicación efectiva de las nuevas directrices en todo el territorio nacional.
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