La empresa Telefónica, matriz de Movistar Venezuela, reveló este jueves en un informe que en el año 2021 su empresa interceptó las comunicaciones de 1.584.547 líneas de sus cilientes en Venezuela, lo que representa 20 % de las líneas totales de la operadora. 

El detallado documento indica que las intervenciones se hicieron por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro «y significaron interceptar o ‘pinchar’ las llamadas, monitorear los SMS, dar la ubicación de personas por sus teléfonos celulares o el monitoreo de su tráfico de Internet». 

La ONG VE Sin Filtro, se sumó a las opiniones al respecto y señaló que por años han hablado de la prevalencia de llamadas pinchadas y el monitoreo excesivo e injustificado de otras formas de comunicación, pero por primera vez hay un rastro del alcance de esta amenaza a los derechos civiles.

«Aunque la interceptación de comunicaciones puede ser una herramienta para investigar crímenes graves, su uso debe ser acorde a los estándares de DDHH y el inmenso número de líneas interceptadas apunta a un abuso sistemático», expresan.

El documento también detalla los entes del Estado venezolano que solicitaron la intervención de llamadas telefónicas durante al año pasado: Ministerio Público, Cicpc, Sebin, cuerpos de policía (varios) y la UNES.