El exconcejal chavista José Manuel García, quien permanecía recluido desde febrero de este año por acusaciones de estafa, falleció el pasado fin de semana bajo custodia del Estado venezolano. La información fue confirmada este lunes por la ONG Foro Penal, en un contexto marcado por la reciente admisión oficial del deceso de otro detenido hace diez meses.
La coordinadora de Foro Penal en el estado Anzoátegui, Arelys Rhodesia, informó que la muerte de García Sabino, de 37 años, ocurrió en la sede de la Policía Municipal de Anaco.
Según el certificado de defunción, la causa del deceso fue asfixia mecánica y constricción del cuello. El suceso fue reportado tras una presunta «situación irregular» registrada la noche del sábado en el centro de detención.
Postura de la familia y expectativas legales
A pesar de los hallazgos forenses iniciales, los familiares del exconcejal rechazan la posibilidad de un suicidio. El padre de la víctima aseguró que su hijo no manifestó intenciones de quitarse la vida, especialmente porque este martes 12 de mayo estaba prevista su audiencia preliminar.
La defensa técnica indicó que la familia mantenía la esperanza de obtener la libertad en dicha instancia y ahora exige una investigación profunda para esclarecer los hechos.
Precedentes de muertes en custodia
El fallecimiento de García se produce poco después de que el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmara el deceso del preso político Víctor Quero Navas, ocurrido en julio de 2025. En ese caso, la madre de Quero denunció la desaparición de su hijo durante meses hasta que el Estado admitió que el joven murió por insuficiencia respiratoria en un centro hospitalario tras ser trasladado desde la cárcel El Rodeo I.
Cuestionamientos a la gestión penitenciaria
Diversas organizaciones no gubernamentales, activistas y partidos políticos han manifestado su preocupación por el manejo de la información y la seguridad de los detenidos. La tardanza de diez meses en reportar la muerte de Quero Navas, sumada a este nuevo incidente en Anzoátegui, ha reavivado las críticas sobre el deber del Estado de garantizar la integridad física de quienes se encuentran bajo su custodia.
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