El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), condenado a 15 años por lavado de activos en la financiación de sus campañas, demandó este miércoles su libertad tras el archivo judicial del caso análogo contra Keiko Fujimori.
«El 15 de enero de 2026 cumpliré 9 meses en prisión por un hecho que HOY el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han señalado que NO es delito», dictó telefónicamente desde la prisión Barbadillo, exclusiva para exmandatarios.
El fallo de la Corte Nacional cumplió una sentencia del TC que anuló la acusación fiscal contra Fujimori por falta de sustento, revirtiendo el proceso a etapa de control de acusación. Ambos líderes enfrentaron imputaciones por aportes ocultos de Odebrecht —en el caso de Humala para 2006, supuestamente desde Venezuela— y otros empresarios, sin declararlos.
«¿Por qué yo estoy en prisión? ¿Por qué mi familia se ha visto obligada a abandonar su tierra si no cometimos ningún delito?», cuestionó Humala, cuyo esposa Nadine Heredia obtuvo asilo en Brasil bajo Lula. Tras 10 años de proceso con «todas las reglas de conducta posibles y sentencia prevaricadora sin pruebas ni testigos», exigió igualdad ante la ley y fin al «acoso judicial» contra nacionalistas.
Humala comparte Barbadillo con Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, en un contexto de procesos por corrupción Odebrecht que han marcado la política peruana reciente.
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