ONG de Venezuela piden la extensión por otros dos años del trabajo de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela -que culmina en septiembre próximo-, luego de que esta presentara este miércoles un nuevo informe sobre supuestos abusos cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro desde 2023.
La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Marta Tineo, dijo a EFE que es «importante considerar, desde este momento, la extensión del mandato» de la misión «por dos años más», hasta septiembre de 2026, debido a que, a su juicio, las razones que impulsaron su creación «continúan vigentes».
Esta organización no gubernamental, según una publicación en X, considera necesario que la misión «siga documentando en Venezuela», donde -asegura- ha habido, «desde que inició este año», una «escalada de represión que acompaña al período electoral» de las presidenciales del próximo 28 de julio.
Representantes de las ONG Provea y Acceso a la Justicia dijeron a EFE que también solicitan la extensión del trabajo de esta figura de las Naciones Unidas, establecida por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019.
Este miércoles, la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, indicó que el Gobierno venezolano está reactivando «la modalidad más violenta de represión», con detenciones a opositores acusados de supuestas conspiraciones.
En este sentido, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló que «las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno».
Además, alertó de acciones que «ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos», entre las que mencionó la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, elegida candidata por la principal alianza opositora.
Por su parte, el Gobierno tildó de mentiras y «acusaciones infundadas» las declaraciones de la misión, a la que llamó «ridícula» y «vergonzosa», e instó al Consejo de Derechos Humanos a «desestimar cualquier argumento amañado de dicha misión», que «utiliza métodos poco profesionales para presentar un panfleto partidista que debe ser rechazado de manera categórica».
«Venezuela no acepta ni aceptará ninguna medida que se desprenda de este adefesio, presentado ante un Consejo que nada ha hecho por detener el genocidio al pueblo palestino», aseguró el Ejecutivo, que reiteró su compromiso con la «promoción, respeto y protección» de los DD.HH. «como un valor supremo»
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