La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció este viernes que se desconoce el paradero del activista opositor José Riera, quien, según el partido Voluntad Popular (VP), fue detenido hace seis días por funcionarios del Estado.
A través de X, la organización no gubernamental aseguró que desde el pasado 26 de julio la familia de Riera «no ha podido comunicarse con él ni obtener información oficial sobre su paradero».
Por tanto, al desconocerse su paradero, el Clipp denunció que se trata de un caso de «desaparición forzada».
«José Riera lleva 6 días en desaparición forzada. (…) No ha tenido acceso a sus seres queridos ni a una defensa legal», alertó la ONG, que subrayó que el Estado «tiene la obligación de dar respuestas».
El pasado jueves, VP exigió la liberación de Riera, quien, según denunció, «fue víctima de una detención arbitraria».
«La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Exigimos a las autoridades que den fe de vida de José Riera y que cesen las prácticas de persecución y tortura contra quienes piensan distinto», indicó la formación.
Según el Estatuto de Roma, se entenderá por desaparición forzada la «aprehensión, detención o secuestro de personas por parte de un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o proporcionar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de mantenerlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado».
El pasado 15 de julio, Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre un «aumento drástico» de las detenciones cometidas de «forma sistemática» en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron las presidenciales en las que el ente comicial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.
AI aseguró ver en estos casos «elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada».
Entretanto, El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos, sino que aseguran cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.
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