La ONG venezolana Surgentes rechazó este miércoles las dificultades que, aseguró, han tenido familiares de presos políticos para denunciar formalmente las agresiones que, dijo, sufrieron la noche del martes por parte de un grupo de personas durante una vigilia en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas.
«Ni siquiera tenemos la posibilidad de poner una denuncia para que las autoridades investiguen a los responsables de estos hechos y puedan sancionarlos», expresó Martha Grajales, activista de la organización no gubernamental.
Frente a la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía), indicó a la prensa que, cerca de las 22.00 hora local del martes (2.00 GMT del miércoles), un grupo de personas, «algunas de ellas encapuchadas» y con «pistolas», llegaron en «más de 50 motocicletas» y robaron pertenencias como teléfonos y documentos de identidad a los manifestantes, en su «gran mayoría mujeres».
«Nos sacaron de manera violenta, amenazante, mostrándonos armas de fuego, diciéndonos que no podíamos estar ahí», aseguró la activista, quien denunció que también recibieron «patadas, empujones».
Grajales señaló que este miércoles un grupo de familiares acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero «les dijeron que ellos no eran los competentes para tomar ese tipo de denuncia».
Además, ella misma, según contó, fue atendida en una oficina de atención de la víctima, donde -aseguró- le respondieron que «esa denuncia no procedía por ahí».
Por su parte, la ONG Provea dijo en X que «la ausencia de resguardo a la manifestación por parte de los organismos de seguridad pudo haber propiciado este nuevo ataque a la protesta social».
Tribunal Supremo de Justicia
«Con la ausencia de atención demostrada por las autoridades del TSJ y la falta de resguardo a los manifestantes pacíficos por parte de los agentes de la fuerza pública, las autoridades revictimizan a quienes tienen bastante tiempo denunciado serios abusos», agregó.
La vigilia tenía como objetivo exigir una reunión con la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, para solicitar la revisión de los casos judiciales de sus familiares, así como para denunciar la «falta de respuestas de las autoridades» a sus peticiones.
El martes, Luisa Barrio, una de las ciudadanas presentes en la actividad, aseguró entonces que mantendrían la vigilia hasta que los familiares de los presos políticos fueran atendidos.
Barrio destacó que entre los detenidos hay personas con enfermedades y mujeres.
La ONG Foro Penal computa 807 presos políticos en Venezuela, tras 55 excarcelaciones y nueve arrestos recientes, como parte de lo que denunciado como «puerta giratoria», es decir, «unos salen de la cárcel pero otros entran», según un balance difundido el martes.
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