Santiago de Chile.- Chile ha hecho avances en los últimos meses, pero aún debe «profundizar sus esfuerzos» para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas en las masivas y graves protestas de hace dos años, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, afirmó este lunes la ONU.

«Valoramos los esfuerzos del Estado (…) Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales», subrayó el representante de ONU DDHH en América del Sur, Jan Jarab.

En un informe, el organismo internacional denunció «uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas» y subraya casos en que funcionarios del cuestionado cuerpo policial de Carabineros «no prestaron asistencia a personas heridas».

También constató «hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas» durante las marchas, que se han reactivado a propósito del segundo aniversario del llamado «estallido social» y que estuvieron suspendidas durante los meses más duros de la pandemia.

«Aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de las personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe de ser protegida», aseguró Jarab.

«VÍCTIMAS DESAMPARADAS»

Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del tiquete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y derechos sociales.

Las revueltas dejaron episodios de violencia como incendios, saqueos y destrucción de mobiliario público que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas, además de señalamientos por parte de la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

Sobre acceso a la Justicia, la ONU saludó en su nuevo informe los esfuerzos del Ministerio Público para fortalecer su capacidad para abordar los casos, pero apuntó que «los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones», pues apenas hay condenas contra agentes por violaciones a los derechos humanos.

También señaló que los programas de apoyo a las víctimas de la violencia policial presentan «limitaciones que no garantizan una reparación integral» y constató «una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público» sobre los abusos de las fuerzas de seguridad.

«Observamos en las víctimas una sensación generalizada de desamparo», concluyó el funcionario internacional.

Ya en noviembre de 2019 la ONU emitió un informe denunciando «un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos» durante la ola de protestas, constatando casos de tortura y uso excesivo de la fuerza.

El proceso constituyente en el que está inmerso Chile se gestó precisamente en las protestas y el plebiscito celebrado el 25 de octubre de 2020 para cambiar la actual Constitución -heredada de la dictadura- fue la salida institucional y política que encontró el país para calmar las calles.

 

EFE