Hasta 700 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual en el último año, en el contexto de los conflictos armados en la República Democrática del Congo (RDC), denunció este martes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas dio un repaso a la situación en ese país, sacudido por décadas de enfrentamientos entre las autoridades y distintos grupos armados, y llamó la atención sobre el extendido uso de la citada violencia sexual, con casos investigados por su oficina entre junio de 2023 y de 2024.
«Grupos armados secuestran, mantienen en cautiverio y someten a esclavitud sexual a mujeres y niñas, que en muchos casos son asesinadas después de ser violadas, una situación espantosa», afirmó el alto comisionado, quien señaló que el número de casos reales podría ser mucho mayor al reportado.
En el periodo estudiado, agregó, un 85 % de las distintas violaciones de derechos humanos se produjeron en las provincias más sacudidas por conflictos armados en el este del país, donde los grupos insurgentes son responsables de más del 60 % de los abusos, «incluidos ataques a civiles e infraestructuras no militares tales como hospitales o escuelas».
Türk recordó que este año más de 940.000 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en la RDC por el conflicto, elevando el número total de desplazados internos a 6,4 millones, mientras 23,4 millones de congoleños sufren inseguridad alimentaria, el mayor número en un sólo país en todo el planeta.
Derechos Humanos
El jefe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también acusó a las fuerzas armadas congolesas de violaciones de derechos humanos durante sus operaciones militares contra grupos insurgentes, y denunció que los discursos de odio e incitaciones a la discriminación «alimentan el conflicto y las tensiones políticas».
Türk urgió a otros países con influencia en estos conflictos a presionar para el fin de éstos, incluida Ruanda, recordando que apoya a al menos uno de los grupos armados que operan en el país vecino, el M23.
También aludió a la progresiva retirada de la misión de la ONU en la RDC, la MONUSCO, subrayando que debe llevarse a cabo «de forma responsable y puntual, y garantizando que la protección de los civiles se mantiene como una prioridad».
Por otro lado, el alto comisionado mostró preocupación por la reanudación de las condenas a muerte en el país, pese a la moratoria sobre la pena capital que regía en la RDC, con 128 nuevas condenas en este sentido.
«Pido a las autoridades que estas sentencias no sean ejecutadas, y que se finalice el proceso legislativo ya en marcha encaminado a abolir la pena de muerte», subrayó Türk.
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