Barcelona.-El exdirector general del FC Barcelona y uno de los investigados por administración desleal y corrupción entre particulares en el caso ‘Barçagate’, Óscar Grau, explicó en su declaración en el juzgado de instrucción número 13 de la capital catalana, que la «misión principal» que tenía era «ejecutar las órdenes de presidencia».
«No me leo todos los contratos y, cuando están todas las firmas, los valido», añadió en este sentido Grau, que se negó a responder a las acusaciones populares, en la declaración que hizo ante la jueza Alejandra Gil el pasado lunes y a la que ha tenido acceso EFE.
Además, dijo que el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, fue quien indicó a Jaume Masferrer, el asesor de la presidencia, y a él mismo «que había que contratar los servicios con este grupo de empresas», en referencia a Nicestream.
En estos puntos coincidió con la argumentación de Román Gómez-Ponti, el exjefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, que sentenció que «quien impulsa la globalidad de los servicios (de Nicestream) es el Departamento de Presidencia», aunque él mismo figure «como promotor de alguno de los contratos».
Gómez-Ponti, que respondió a las preguntas de todas las partes, añadió que «los departamentos deben obedecer a presidencia» cuando fue preguntado por si tuvo algunas reticencias a la hora de dar validez a los contratos.
De hecho, cuestionado directamente por el importe de estos servicios de monitoria de redes sociales (alrededor de 1 millón de euros anual), Gómez-Ponti tiro de ironía.
«Si tuviera que haberme sorprendido de las cuantías de los contratos que se renovaban en el club quizá alguna renovación de algún jugador no se hubiese producido», respondió.
Tanto Gómez-Ponti como Óscar Grau coincidieron en que fueron ellos los que propusieron la rescisión contractual con las empresas del grupo Nicestream, después de que el caso se publicara en los medios de comunicación, y que a Bartomeu le pareció una decisión acertada.
A raíz de esta rescisión unilateral de los contratos, según Grau, ahora hay una reclamación al Barcelona por parte de estas empresas de poco más de 200.000 euros.
Respecto a las páginas de Facebook gestionadas por Nicestream que desprestigiaban a jugadores, exjugadores, candidatos a la presidencia y otras personalidades públicas, Grau dijo que se enteró de su existencia «por los medios» y Gómez-Ponti admitió que las conocía, pero que no las relacionó «con estas empresas».
El exjefe de los servicios jurídicos del Barça fue especialmente duro con la ‘excompliance officer’ del club (directora de cumplimiento normativo interno), Noelia Romero, de quien dijo que «se pensó que era un sheriff del oeste que tenía derecho a hacer cualquier cosa».
«El Departamento de Compliance era un desastre, arbitrario y completamente falto de rigor a nivel procesal. Contaminó todos los circuitos de aprobaciones», declaró Gómez-Ponti, quien aseguró que denunció seis veces a Romero de forma interna por, según él, irregularidades graves.
Romero inició una investigación interna sobre el ‘Barçagate’ paralela a la auditoría externa que el club encargó a PriceWaterhouseCoopers (PwC). Posteriormente fue suspendida de empleo y sueldo, y finalmente despedida.
Por otro lado, Gómez-Ponti explicó que era importante salvaguardar en las redes sociales «la reputación del Barça Innovation Hub (el departamento de innovación tecnológica del club), porque el Barça estaba trabajando entonces en la creación de un fondo de inversión en los Estados Unidos con este departamento del club».
El ‘Barçagate’ es el caso de las redes sociales en el que el club azulgrana habría contratado a varias empresas del conglomerado Nicestream que desprestigiaron a jugadores, exjugadores, candidatos a la presidencia y otras personalidades públicas del entorno del club.
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