Caracas.- El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) presentó su balance sobre el desempeño de la actividad económica en el país, el cual arrojó una caída de 2,2% al tomar como referencia los últimos 12 meses.

La contracción del 2,2% refleja una mejora importante con respecto a los resultados del trimestre previo, cuando se calculó un 33,7% de caída entre marzo de 2020 y de 2021.

Sin embargo, este resultano no tan desalentador fue incapaz de girar la tendencia de la contracción económica, pues Venezuela acumula 25 trimestres consecutivos de caídas de la actividad económica.

Mientras tanto, en el primer semestre del año, la contracción acumulada anual es del 28%. Por su parte, estos resultados siguen añadiendo un peso aún mayor a las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), que ha perdido más del 80% de su tamaño desde 2012.

Los más de siete años de recesión han impactado con fuerza en la economía venezolana, producto de las políticas económias implementadas por el gobierno chavista. Sin embargo, el ritmo de la contracción empieza a atenuarse y la caída es cada vez menos acelerada.

A pesar de la aparente mejora, los sectores más improtantes para la actividad económica nacional contnúan afrontando una situación paupérrima con problemas financieros y de producción.

Concretamente, se registró una caída del 55,2% en el sector financiero, un 82,4% en el público y un aumento de apenas 2,4% del petrolero.

El sector financiero, constituido por la banca nacional, afronta una difícil situación al tener que lidiar con la política de encaje legal bancario, que restringe la capacidad de crédito y frena la circulación del dinero en la economía del país.

En cuanto al sector petrolero, es víctima de una caída sostenida durante años. Actualmente está afectada por la disminución del gasto real del sector público, sin capital suficiente para invertir en la recuperación de la industria.

Todo este contexto perjudica de manera directa la remuneración de los trabajadores activos, pensionados y jubilados, especialmente quienes forman parte del sector público. Esto, a su vez, repercute en la capacidad de consumo de los hogares venezolanos.