La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes en primera discusión un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La iniciativa busca propiciar de manera formal el ingreso de inversiones privadas en este sector, el cual se encuentra severamente afectado por constantes racionamientos y fallas que impactan con especial fuerza en las regiones del interior del país.
Durante la sesión legislativa, transmitida por el canal de televisión del Parlamento (ANTV), el diputado oficialista Orlando Miranda sostuvo que en el último periodo el sistema eléctrico nacional ha mostrado limitaciones estructurales y financieras críticas para responder con eficacia a la demanda de la población.
Factores financieros y dependencia de la generación hidráulica
El parlamentario señaló que actualmente varias plantas termoeléctricas del país se encuentran paralizadas debido a las dificultades para adquirir repuestos en el mercado internacional, situación que atribuyó a las sanciones económicas vigentes. De acuerdo con el legislador, este escenario incrementa de forma crítica la dependencia energética de la Central Hidroeléctrica de Guri, ubicada en el sureño estado Bolívar.
Miranda explicó que la propuesta de reforma fue presentada formalmente por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El proyecto representa una estrategia táctica que introduce un esquema de capital mixto y privado bajo un régimen estricto de concesiones, manteniendo la supervisión pública y estableciendo la corresponsabilidad civil y penal de las empresas operadoras.
La viabilidad económica de la reforma se sustenta en el diseño de un nuevo pliego de tarifas que contemple los costos reales de generación y distribución, garantizando una rentabilidad razonable para los inversores extranjeros y locales sujeta a estrictos criterios de eficiencia técnica. Asimismo, se contempla el empoderamiento de los ciudadanos, obligando a las distribuidoras a compensar económicamente a los usuarios por daños materiales causados por deficiencias del suministro.
Demandas de la oposición y balances de producción
Por su parte, el diputado de la bancada opositora Ezio Angelini propuso que la nueva legislación plantee una descentralización efectiva de las competencias del servicio y que aborde de manera directa el factor de la corrupción, elemento que señaló como una de las causas principales detrás del colapso eléctrico nacional.
Angelini urgió a realizar una auditoría integral sobre el destino de los millonarios recursos asignados al sector en las últimas décadas. En el plano técnico, el legislador expuso que en el año 2019 Venezuela producía cerca de 20.000 megavatios para un consumo de 12.000 megavatios, mientras que los indicadores actuales reflejan un déficit crítico, con una generación real de solo 12.000 megavatios frente a una demanda nacional que asciende a los 14.000 megavatios.
Acercamientos internacionales
La discusión parlamentaria coincide con una serie de movimientos del Ejecutivo nacional para estabilizar la red energética en las zonas más críticas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió sus funciones ejecutivas a inicios de año tras la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses, anunció previamente la apertura de líneas de negociación con corporaciones multinacionales como Siemens y General Electric, enfocadas principalmente en mitigar la crisis del estado Zulia.
Adicionalmente, el debate legislativo se produce semanas después de que el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuviera una reunión formal de trabajo con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, con el propósito de evaluar planes conjuntos orientados a la reconstrucción integral de la infraestructura eléctrica nacional.
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