El expresidente de Perú Pedro Castillo pidió este lunes su libertad y su restitución como jefe de Estado en una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) que estudia cinco demandas de habeas corpus presentadas por su defensa para que se suspenda una de las dos órdenes de prisión preventiva que pesan sobre él.
«Solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y actos posteriores. Claro está que ha habido todo un andamiaje y acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de intereses políticos, acabar con la libertad constitucional», dijo Castillo al intervenir virtualmente desde la prisión en la que se encuentra recluido.
Expuso que no hubo ninguna flagrancia en sus acciones del 7 de diciembre de 2022, fecha de su fallido autogolpe de Estado, y que el argumento de que se iba a fugar no es válido, porque su trayecto a la Embajada de México en Lima, en cuyo recorrido fue arrestado por su escolta, tenía como fin poner a su familia a buen recaudo.
«He sido apresado y se han violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y debido proceso, dispuesto por la fiscal de la Nación ,que el día de hoy es de público conocimiento y se demuestra con los hechos, una líder de una presunta organización criminal planeada con altos mandos de la Policía y ciertos grupos de congresistas para acabar con mi gobierno», indicó.
Nula la pena
Reiteró que las autoridades se «han ensañado» con él y que ha sentido el odio en carne propia.
La defensa del expresidente, Eduardo Pachas, solicitó que declare nula la pena de 18 meses prisión preventiva por el fallido autogolpe, se de la inmediata libertad de Castillo y «se reponga el estado anterior» a la detención de este, para que pueda ejercer de nuevo la presidencia en el período 2021-2026.
Explicó que la motivación de los habeas corpus presentados atienden a la vulneración de la libertad individual de su representado y que el proceso judicial tiene «falta de coherencia narrativa» e insuficientes justificaciones del delito de flagrancia, porque no se ha detallado el tipo de esta.
Por su parte, varios representantes de la Fiscalía recordaron que la detención del expresidente fue legítima, puesto que el 7 de diciembre de 2022, Castillo dio un discurso que pretendía romper el orden constitucional y que más tarde este intentó fugarse, por lo que debería permanecer en prisión preventiva.
Además de la orden de 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe, la Corte Suprema de Perú ha ratificado la decisión de imponer otra medida de 36 meses de prisión preventiva a Castillo, por un caso de corrupción y tráfico de influencias.
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