Los jubilados y pensionados del estado Bolívar volvieron a las calles para hacer un llamado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidiendo que se haga justicia por los atropellos que han sucedido con los trabajadores del holding de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
El reclamo lo realizaron frente de la Casa Matriz de la CVG.
«Ustedes saben cuál es el salario que está percibiendo la clase trabajadora venezolana. Saben que estamos diez veces por debajo del marcador de la pobreza extrema mundial», dijo Hugo Medina, presidente de la Federación Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (FEDAJUPEBOL).
Asimismo, los trabajadores jubilaron de manera forzosa entregaron un documento en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para proporcionar un recurso contencioso-administrativo, para revalidar los derechos de estos trabajadores.
Medina expresó que si la OIT no está preparada para representar a los trabajadores de Venezuela, mejor que renuncie.
“Hay muchos padres de familia que ya no tienen que entregar a sus hijos y esposa”, aseguró.
También, indicó que ellos necesitan gente capaz y tenga bien puestas las ganas de enfrentar al “gobierno opresor”.
Pérdida de beneficios
Los jubilados alegaron que la negligencia que han tenido en la parte de salud, ha sido intransigible, ya que, actualmente solo cuentan con un centro hospitalario.
El Hospital de Trabajadores «Jose Gregorio Hernández», que se abrió para que sean atendidos los empleados de las empresas básicas de la ciudad.
Sin embargo, estos revelaron que el centro no cuentan con un laboratorio, rayos x, ni cuidados intensivos.
«Los especialistas se están yendo porque tienen más de seis meses que no les pagan», contó Medina.
Del mismo modo, comentó que desde hace meses han estado cancelado un servicio fúnebre, que no brinda ninguna seguridad.
Los afectados explicaron que mensualmente les descuenta de la nómina el servicio funerario, pero al momento de necesitarlo no se pueden beneficiar de él.
«Nos descuentan el dinero y resulta que también le deben a la funeraria una cantidad millonaria. Entonces, cuando yo voy a enterrar algún familiar tengo que tener seiscientos dólares para poder hacerlo», instó Medina.
Los derechos laborales
Jhonny Luna, trabajador de Sidor y miembro de la Comisión Única de Accionistas de la CVG, explicó que ellos nunca se imaginaron estar introduciendo un recurso de amparo constitucional ante los tribunales competentes.
«Gran parte de los trabajadores accionistas clase B, los están jubilando de manera forzosa. A la mayoría los están sacando y el 90% son adultos mayores», detalló.
Por lo que afirmaron que ellos tienen protección y unos derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que son la Ley Orgánica del Trabajo, del Seguro Social y la del Adulto Mayor.
No obstante, los mismos han tenido que recurrir a los tribunales para proteger sus derechos y prestaciones sociales, asegurando que se la han ganado con mucho sacrificio, pues trabajaron más de 20 años en las empresas prestando sus servicios.
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