El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó este viernes su rechazo hacia Estados Unidos por mostrar «su displicencia» con Colombia luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera prorrogar un año más el mandato de la Misión de Verificación, pero sin renovar el monitoreo de las sanciones propias ni el cumplimiento del Capítulo Étnico del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC.
Petro calificó como una «demostración de racismo» la eliminación del Capítulo Étnico y criticó a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) por reflejar la indiferencia del gobierno estadounidense hacia la verdad en Colombia, a través de un mensaje en su cuenta de X. Además, apuntó que la razón fundamental es que los gobernantes norteamericanos saben que sus aliados políticos actuales en Colombia están vinculados al narcotráfico y son responsables históricos de violencia y genocidio.
El cambio en el mandato supone un giro importante en la misión derivada del acuerdo de paz de 2016, la cual hasta ahora acompañaba la implementación del monitoreo de sanciones restaurativas, enfocadas en garantizar reparación a víctimas y cumplimiento de compromisos, así como del Capítulo Étnico, que reconoce los derechos de pueblos indígenas y afrocolombianos afectados por el conflicto.
FARC
Con la exclusión de estos aspectos, la misión se centrará ahora en la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC, la garantía de seguridad para firmantes del acuerdo, sus familias, líderes y comunidades, y la reforma rural integral.
Aunque la resolución no detalla las razones para la exclusión, Estados Unidos objetó mantener dichas funciones, y Rusia se abstuvo en la votación, evidenciando diferencias en el Consejo de Seguridad sobre la supervisión internacional y la responsabilidad del Estado colombiano en la implementación del acuerdo.
La JEP expresó que a través de su propio sistema de monitoreo continuará verificando el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, señalando que esta decisión no afecta el monitoreo de las sanciones propias. Además, valoró positivamente la renovación del mandato de la misión de la ONU.
La resolución recibió 13 votos a favor, con abstenciones de Rusia y Estados Unidos, marcando la primera fractura en ocho años en el respaldo unánime a la misión.
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